El Gobierno del presidente Donald Trump logró una importante victoria judicial este jueves, luego de que un juez federal autorizara la implementación de un controvertido plan que exige a millones de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos que se registren y proporcionen sus huellas dactilares, bajo la amenaza de enfrentar multas o penas de cárcel si no cumplen con el requisito.
El fallo, emitido por el juez Trevor McFadden, permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuar con la ejecución del ‘Requisito de Registro de Extranjeros’, una medida que entra en vigencia este 11 de abril. Este programa obligará a todos los inmigrantes indocumentados mayores de 14 años que hayan permanecido en el país por más de 30 días a registrarse oficialmente, proporcionando detalles sobre su residencia, fecha de ingreso y antecedentes criminales. Los padres o tutores legales de los menores de 14 años también deberán registrar a los niños, aunque no se les tomará huellas dactilares.
El grupo de cuatro organizaciones proinmigrantes que había impugnado la medida argumentó que el DHS había incumplido las normas de procedimiento, ya que la orden afecta a millones de personas y debería haberse sometido a una consulta pública y notificación previa. Además, señalaron que la medida podría tener un alcance mucho mayor que el estimado por las autoridades, que calculan que entre 2.2 y 3.2 millones de personas estarían afectadas. Sin embargo, el juez McFadden, quien fue nombrado por Trump, rechazó esta argumentación y falló a favor del Gobierno, considerando que los demandantes no lograron probar su caso.
El Registro y sus Implicaciones
La medida, que ha generado gran controversia en el país, busca presionar a los inmigrantes indocumentados a abandonar voluntariamente el país. De acuerdo con el plan, la inscripción en el registro proporcionaría información clave al Gobierno para facilitar los procesos de expulsión, mientras que el incumplimiento de este requisito podría resultar en sanciones más severas para los infractores.
Desde el anuncio de la medida, las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado su preocupación por las consecuencias de esta política, señalando que podría generar un clima de miedo y desconfianza entre las comunidades migrantes. También se ha advertido que la medida podría llevar a la deportación de miles de personas que se habían establecido en los Estados Unidos de forma irregular y que ahora se verán obligadas a registrarse bajo una política que muchos consideran como un ataque directo a su seguridad.
Inicio de la Inscripción
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha habilitado ya una plataforma en su sitio web para que los inmigrantes indocumentados inicien el proceso de inscripción. En ella, se les requerirá que proporcionen información sobre su lugar de residencia, la fecha en que ingresaron al país y si tienen antecedentes criminales. Además, los inmigrantes deberán portar un comprobante de inscripción en todo momento, como parte del cumplimiento con la nueva normativa.
La medida fue anunciada como parte de un esfuerzo del Gobierno de Trump para reforzar las políticas de inmigración y control fronterizo, un tema que ha sido central en su agenda desde el inicio de su mandato.
Reacciones y Desafíos Legales
Las organizaciones que se oponen al plan han expresado su firme desacuerdo con la decisión judicial y han adelantado que seguirán buscando vías legales para impugnar la medida. El abogado principal de uno de los grupos demandantes indicó que continuarán luchando para evitar que este requisito sea impuesto a millones de inmigrantes, muchos de los cuales han vivido en los Estados Unidos durante años.
Por su parte, el Gobierno de Trump celebró la decisión como un triunfo en su lucha por fortalecer las políticas de inmigración. Se espera que la medida se mantenga en vigor a pesar de las continuas críticas y las acciones legales en curso.
El registro obligatorio de inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos es solo una de las muchas políticas que el Gobierno de Trump ha implementado para abordar la inmigración irregular en el país. Mientras tanto, los defensores de los derechos de los inmigrantes prometen seguir combatiendo esta y otras medidas que consideran injustas para las comunidades migrantes.