En agosto de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) descubrió que Mateo Sebastián Pintor Rodríguez, alias «El Tatuado», un miembro de la pandilla 18, estaba operando una estructura criminal de extorsión y fraude desde Colombia. Según la investigación, Pintor Rodríguez y otros siete miembros de su red estafaban a familias salvadoreñas, prometiéndoles la liberación de sus parientes encarcelados a cambio de grandes sumas de dinero.
El grupo criminal utilizaba una página en redes sociales, específicamente en Facebook bajo el nombre «TDL», para contactar a las víctimas y persuadirlas de que pagaran entre $2,000 y $25,000 para la liberación de sus seres queridos, quienes supuestamente estaban siendo retenidos por la Policía. Si las víctimas no accedían a las exigencias económicas, los estafadores amenazaban con informar a las autoridades y hacer que fueran arrestadas bajo el régimen de excepción en El Salvador, que había permitido detenciones masivas de personas sospechosas de vinculación con pandillas.
El modus operandi de la red fue bien orquestado. Pintor Rodríguez, quien había adoptado una identidad falsa para evadir la captura, vivía una vida de lujo en Colombia, específicamente en Llanogrande, una de las zonas más exclusivas de Antioquia. Allí residía en mansiones cuyo alquiler mensual superaba los $8,000. Entre sus adquisiciones, destacaban motocicletas de alta gama, como una BMW S1000RR valorada en alrededor de $33,700 y una BMW F900 XR de $19,200. Estas ostentaciones, además de su estilo de vida de lujo, llamaron la atención de las fuerzas de seguridad colombianas, que comenzaron a seguir su rastro.
Pintor Rodríguez, que intentaba ocultar su verdadera identidad, llegó a hacer creer a su círculo cercano que era de origen italiano, utilizando incluso palabras en italiano para reforzar su falsedad. Sin embargo, su perfil de pandillero y sus actividades ilegales terminaron por delatarlo.
El proceso judicial contra Pintor Rodríguez y su red de extorsionadores comenzó a finales de agosto de 2024, tras la desarticulación de la estructura criminal a través de varios operativos simultáneos en diversas ciudades de El Salvador, como Mejicanos, San Salvador, Cuscatancingo, San Martín y La Libertad. Durante estos operativos, fueron detenidas varias personas, incluidas cuatro mujeres que colaboraban con la organización, como Jenifer Gabriela Sandoval Alvarado, Karla Cristina Aguirre Quintanilla, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña y Blanca Miriam Menjívar Pineda, quienes facilitaron las transacciones financieras al permitir que el dinero extorsionado fuera depositado en sus cuentas bancarias.
Una vez que las víctimas pagaban las sumas solicitadas, el dinero era remesado a Colombia, lo que confirmaba la estructura internacional de la operación.
La Fiscalía salvadoreña ha destacado que, aunque la red fue desarticulada, el caso muestra la extensión y complejidad de las organizaciones criminales transnacionales, las cuales operan no solo en El Salvador, sino que cuentan con ramificaciones en otros países como Colombia. Además, este caso pone de manifiesto la creciente amenaza de la extorsión y el fraude online, que afecta a familias vulnerables que buscan soluciones para liberar a sus seres queridos de situaciones legales complejas.