El Congreso de Guatemala aprobó este lunes, con 149 votos a favor y uno en contra, la extensión por 30 días del estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo de León, tras un fin de semana marcado por motines en cárceles y el asesinato de nueve policías a manos de presuntos pandilleros.
Una propuesta para reducir el plazo a 15 días, presentada por el diputado Luis Rodríguez, fue rechazada con 131 votos en contra, 18 a favor y 11 ausentes. El decreto limita temporalmente las garantías constitucionales de los artículos 5, 6 y 33, que protegen derechos fundamentales como la libertad de opinión, la detención bajo orden judicial y el derecho de reunión.
Varias enmiendas se incorporaron al decreto:
- Se aclaró que nadie puede ser perseguido por opiniones que no infrinjan la ley (146 votos).
- Se limitó la realización de reuniones al aire libre, garantizando que el estado de sitio no se use para perseguir adversarios políticos (132 votos).
- Se aseguraron actividades culturales y ferias patronales (146 votos).
- Se suspendieron temporalmente las visitas a los centros penitenciarios donde se encuentran cabecillas de pandillas (146 votos).
La violencia que motivó la medida se produjo después de que las autoridades retomaran el control de tres prisiones tras un motín, generando represalias de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Uno de los policías heridos durante los ataques falleció en las últimas horas, elevando la cifra de agentes muertos a nueve.
El ministro de Gobernación, Marco Villeda, rindió homenaje a los agentes fallecidos, destacando su sacrificio: “Nuestros agentes cumplieron (…) pronunciarlos es reconocer que existieron, que entregaron y que importan (…) no se van al olvido. Se van con honor”.
Los policías fallecidos son José Efraín Revolorio, Luis Zetino Pérez, Iván López García, Giovanni Darío Tecún, Claudia Muñoz Ramos, Samuel Matul Obispo, Fernando Batres Ordóñez, Diana Chávez Alarcón y William Medrano Pernillo.
El estado de sitio permite al Gobierno capturar sin orden judicial a sospechosos de terrorismo o sedición, como parte de la estrategia para enfrentar la escalada de violencia y consolidar el control sobre las cárceles de alta seguridad, donde los líderes de las pandillas han perdido privilegios que gozaban en administraciones anteriores.