La detención del presidente venezolano Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, ejecutada por fuerzas especiales de Estados Unidos el pasado 3 de enero de 2026, provocó un remezón político en América Latina y encendió las alertas en gobiernos aliados de Caracas, entre ellos el de Nicaragua.
De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo reaccionó con cautela inusual, evitando confrontar públicamente a Washington. Este silencio estratégico es interpretado como una señal de que Managua estaría explorando vías de acercamiento con la Administración del presidente estadounidense Donald Trump.
Uno de los gestos más reveladores fue el nombramiento del canciller Denis Moncada como encargado de negocios en Washington, movimiento que analistas consideran un intento directo por abrir canales diplomáticos y reducir tensiones en un contexto regional cada vez más adverso para los gobiernos autoritarios.
Especialistas señalan que, aunque Nicaragua no posee el peso político ni económico de Venezuela, la captura de Maduro dejó un mensaje claro: el respaldo de potencias como China y Rusia no es automático ni garantizado. Esta lectura habría llevado al círculo de Ortega a replantearse los costos de mantener una retórica abiertamente antimperialista frente a Estados Unidos.
El régimen enfrenta así una disyuntiva clave: sostener su discurso ideológico y exponerse a nuevas sanciones, o ensayar una apertura controlada que le permita aliviar la presión internacional sin perder el control interno del poder.
La operación estadounidense también elevó la presión sobre Managua en materia de derechos humanos. En días recientes, Washington exigió la liberación de presos políticos, lo que derivó en la excarcelación de decenas de reclusos. Paralelamente, organizaciones como Monitoreo Azul y Blanco han denunciado nuevas detenciones arbitrarias contra ciudadanos que expresaron apoyo a la captura de Maduro, evidenciando el nerviosismo del régimen ante cualquier muestra de disidencia.
El año 2026 se perfila como un punto de inflexión para Nicaragua. Con elecciones de medio término en el horizonte y señales de tensiones internas entre sectores del Ejército, empresarios afines al sandinismo y actores políticos, el futuro del poder orteguista aparece cada vez más condicionado por factores externos.
La caída de Maduro no solo debilitó el eje político que durante años sostuvo a varios gobiernos de la región, sino que expuso la fragilidad de esas alianzas. Para el régimen de Ortega y Murillo, abrir la puerta a una negociación con Estados Unidos parece dejar de ser una opción ideológica para convertirse en una estrategia de supervivencia política.