El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes el “bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, en lo que supone una nueva escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
A través de su cuenta en Truth Social, Trump afirmó que Venezuela está rodeada por “la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica” y advirtió que la acción estadounidense se mantendrá hasta que el país “devuelva todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.
El mandatario acusó al régimen de Maduro de utilizar el petróleo venezolano para financiar “narcoterrorismo, trata de personas, asesinatos y secuestros”. La orden presidencial aún no detalla cuántos petroleros podrían verse afectados ni el impacto exacto en la industria petrolera venezolana.
Incautación de un petrolero sancionado
La medida se produce después de que la semana pasada el Comando Sur de EE. UU. incautara el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano. El buque había sido sancionado por Washington desde 2022 por su vinculación con una “flota sombra” de transporte de crudo y por presuntas violaciones a normas de sanciones internacionales.
El Skipper fue trasladado a un puerto estadounidense para iniciar un proceso legal de decomiso de su carga, marcando un giro en los operativos militares en aguas internacionales del Caribe, que hasta ahora se centraban en combatir presuntas actividades de narcotráfico.
Repercusiones y tensiones
La orden de Trump representa una escalada significativa en la presión contra Maduro y ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. Asimismo, ha contribuido a una caída en los embarques de crudo venezolano y plantea la posibilidad de nuevas incautaciones de petroleros sancionados en aguas cercanas.
Caracas ha calificado estas acciones como “piratería”, mientras que la Casa Blanca defendió la incautación del Skipper como parte de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas.
El operativo estadounidense coincide con un aumento de la presencia militar en el Caribe, en un contexto de creciente confrontación entre Washington y el gobierno venezolano.