Las redadas migratorias ejecutadas por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) en el sur de Arizona han provocado el cierre indefinido de varios restaurantes y negocios hispanos, entre ellos Taco Giro, una emblemática cadena de comida mexicana que pasó de operar 10 sucursales a solo tres en funcionamiento.
El operativo más reciente ocurrió el 5 de diciembre, cuando agentes de ICE irrumpieron fuertemente armados en varios locales de Taco Giro y detuvieron a 46 trabajadores, además de incautar documentación relacionada con la contratación de personal. El director de operaciones de la cadena, César Rodríguez, aseguró que la empresa perdió de forma inmediata el 10 % de su fuerza laboral.
“El proceso de contratar y capacitar nuevo personal es lento, sobre todo cuando incluso ciudadanos estadounidenses tienen miedo por sus familiares indocumentados”, explicó Rodríguez. Añadió que agentes federales también acudieron a los domicilios de algunos empleados, lo que elevó el número de detenciones y profundizó el clima de temor.
ICE justificó el operativo señalando que existe una investigación en curso por presunta contratación irregular, pagos en efectivo y posibles vínculos con delitos fiscales y tráfico de drogas. Rodríguez rechazó estas acusaciones, calificándolas de “ridículas”, y advirtió que el negocio ha sufrido una drástica caída de clientes, muchos de los cuales evitan los establecimientos por miedo a nuevas redadas.
Impacto en otros negocios latinos
La situación se repite en otros comercios de la comunidad hispana. Marco Antonio López, propietario del Beef Master Meat Market en Tucson, relató que tras una redada de ICE en marzo pasado, sus empleados no regresaron al trabajo al día siguiente, a pesar de que no hubo arrestos.
“Fue muy duro. Mi esposa y mis hijos tuvieron que ayudar para que el negocio siguiera funcionando”, contó López.
Nueve meses después, el empresario continúa enfrentando procesos legales y podría recibir una multa millonaria. Además de los costos en abogados, tuvo que invertir en la capacitación de un empleado para cumplir con el sistema federal E-Verify, lo que incrementó los gastos en medio de la crisis.
Pérdidas económicas y críticas oficiales
Un informe reciente del Los Angeles Economic Equity Accelerator and Fellowship (LEAAF) reveló que el 43 % de los empresarios hispanos en zonas afectadas por redadas reportaron pérdidas de ingresos superiores al 50 %. La cifra se eleva al 68 % entre quienes no dominan el inglés, evidenciando una vulnerabilidad económica mayor.
La alcaldesa de Tucson, Regina Romero, condenó los operativos federales y aseguró que lejos de mejorar la seguridad, dañan profundamente a la comunidad.
“Estas redadas federales intencionadas, disruptivas y violentas no hacen a nuestra comunidad más segura”, afirmó.
Romero subrayó que las acciones afectan a trabajadores con años de residencia en la ciudad y golpean una economía local ya presionada por el aumento en los precios de alimentos y alquileres.