El Tribunal Supremo de Estados Unidos ordenó este jueves a la Administración del presidente Donald Trump que facilite la repatriación de Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño que fue enviado de manera «impropia» a su país natal, El Salvador, en un «error administrativo» tras haber sido protegido por el estatus legal en EE. UU.
El fallo mantiene parcialmente la orden de un tribunal de menor instancia, que instruye al Gobierno estadounidense a traer de vuelta a Abrego García y permitir que su caso migratorio continúe siendo procesado «como si no lo hubiera enviado de manera impropia». Sin embargo, los jueces no especificaron un plazo para la repatriación y pidieron al tribunal del Distrito de Columbia que aclare cómo debe ejecutarse este traslado, para evitar conflictos con las prerrogativas del Ejecutivo en materia de política exterior.
Un Caso Polémico de Deportación y Abusos
Kilmar Abrego García, de 24 años, estaba protegido por un estatus legal que le impedía ser deportado de EE. UU. y, además, está casado con una ciudadana estadounidense. Abrego, quien vivía en Maryland, huyó de El Salvador debido a las amenazas y extorsiones de la pandilla Barrio 18, como se detalla en los documentos judiciales presentados por su defensa. El caso ha sido ampliamente criticado por políticos y organizaciones en el contexto de la campaña de deportaciones masivas de la Administración Trump.
El Tribunal Supremo emitió un fallo redactado por tres de sus jueces más liberales, que criticó duramente la justificación del Gobierno para la deportación de Abrego García, sugiriendo que la Administración busca deportar y encarcelar a personas, incluidas las que no tienen antecedentes penales, sin que haya una intervención judicial previa. Los jueces subrayaron que este tipo de prácticas podrían tener implicaciones graves, estableciendo un precedente que permitiría al Gobierno deportar a personas sin el debido proceso.
El “Error Administrativo” y la Inquietud por los Derechos Humanos
Las autoridades migratorias de EE. UU. han calificado el envío de Abrego a El Salvador como un «error administrativo», pero argumentan que, al estar ahora bajo custodia de un gobierno extranjero, no tienen la autoridad para devolverlo. El Gobierno de Trump también sostiene que Abrego es miembro de la pandilla MS-13, aunque no se han presentado pruebas que lo vinculen con el crimen organizado en territorio estadounidense.
El trato con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para enviar migrantes detenidos en EE. UU. al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de alta seguridad en El Salvador, ha generado preocupaciones sobre violaciones de derechos humanos. Esta prisión es conocida por las denuncias de abusos y condiciones inhumanas. Como parte de este acuerdo, EE. UU. pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
Implicaciones Legales y Humanitarias
Los abogados de Abrego han argumentado que su deportación a El Salvador viola la Constitución de EE. UU. al no garantizarle un debido proceso. Ama Frimpong-Houser, una de las abogadas del caso, advirtió que, si no se permite su retorno a EE. UU., se establecería un precedente peligroso, ya que permitiría que el Gobierno «secuestrara» a individuos y los enviara a otro país sin un juicio adecuado.
Por su parte, el Gobierno de Trump ha enviado un total de 232 migrantes a la prisión CECOT, la mayoría de ellos venezolanos, acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua. Sin embargo, un análisis de Bloomberg reveló que el 90 % de los más de 200 hombres detenidos en El Salvador no tienen antecedentes penales en EE. UU., lo que ha levantado aún más preocupaciones sobre la justificación y los efectos de estas deportaciones.
Próximos Pasos
Con el fallo del Tribunal Supremo, el caso de Kilmar Abrego García continúa siendo un punto de fricción entre el Gobierno de EE. UU., las autoridades migratorias y los defensores de los derechos humanos. Se espera que el tribunal del Distrito de Columbia emita pronto más directrices sobre cómo proceder con el retorno de Abrego a EE. UU., lo que podría tener implicaciones importantes para futuras políticas migratorias y de deportación en el país.