El régimen de Nicolás Maduro informó el domingo que Estados Unidos ha revocado las licencias otorgadas a empresas transnacionales para operar en Venezuela, a pesar de las sanciones impuestas por Washington desde 2019. Esta decisión ocurre en un contexto de creciente tensión entre ambos países, en el que Estados Unidos busca asfixiar económicamente al gobierno venezolano.
Una de las primeras compañías afectadas por la medida fue la petrolera francesa Maurel & Prom, que confirmó el lunes la revocación de su licencia. Según la empresa, recibió una notificación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fechada el 28 de marzo de 2025, indicando que la licencia que había sido otorgada en mayo de 2024 para sus operaciones en Venezuela fue revocada. No obstante, la compañía señaló que aún cuenta con una «licencia de transición» hasta el 27 de mayo para concluir las operaciones amparadas por la licencia revocada.
Aunque Estados Unidos no había especificado inicialmente cuáles otras empresas se verían afectadas, los expertos anticipaban la revocación de licencias a otras compañías, como la petrolera española Repsol, además de Maurel & Prom y la estadounidense Chevron, que ya había sido afectada por medidas similares.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió un comunicado en Telegram, donde confirmó que el gobierno venezolano ha mantenido una comunicación constante con las empresas transnacionales afectadas. En este contexto, destacó que las empresas han sido notificadas de la revocación de sus licencias por parte del gobierno de Estados Unidos.
Por otro lado, el diario The Wall Street Journal reportó que Washington también ha ordenado a Global Oil Terminals, propiedad del magnate Harry Sargeant III, abandonar Venezuela.
Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, ha visto una caída drástica en su producción de crudo. Mientras que al inicio del mandato de Hugo Chávez en 1999, la producción era de 3 millones de barriles diarios, hoy en día esa cifra ha caído a cerca de 1 millón de barriles diarios. La producción de Chevron representa alrededor de 220,000 barriles diarios, Repsol aporta unos 60,000, y Maurel & Prom contribuye con entre 20,000 y 25,000 barriles diarios.
El país ha experimentado una contracción económica extrema, con una caída del PIB de un 80% en los últimos ocho años, en medio de la guerra civil y las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2019.
En relación con Chevron, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos había dado un plazo hasta el 3 de abril para liquidar sus operaciones en Venezuela, pero el gobierno estadounidense extendió este plazo hasta el 27 de mayo. Sin embargo, la nueva licencia impuesta a Chevron incluye una serie de restricciones que afectan al gobierno venezolano. Entre las principales prohibiciones, se encuentra la de que Chevron no podrá pagar impuestos ni regalías al gobierno de Maduro, ni transferir dividendos a la empresa estatal PDVSA, ni a ninguna otra compañía que posea una participación significativa.
Además, la nueva licencia impide la venta de petróleo o productos derivados a cualquier jurisdicción fuera de Estados Unidos y prohíbe las transacciones con empresas vinculadas a Rusia.
Ante estas medidas, Delcy Rodríguez expresó que Venezuela sigue abierta a las inversiones nacionales e internacionales en el sector petrolero y gasífero, y aseveró que las empresas internacionales no requieren licencia ni autorización de ningún gobierno extranjero para operar en Venezuela, ya que el gobierno de Maduro no reconoce jurisdicciones extraterritoriales.
La salida de estas grandes empresas internacionales de Venezuela ha generado preocupación en el país, particularmente en lo que respecta a la disponibilidad de divisas. Según César Aristimuño, director de la consultora Aristimuño Herrera & Asociados, la salida de Chevron es particularmente preocupante dado que esta empresa es uno de los principales proveedores de divisas al sector bancario venezolano.