El gobierno de México informó este lunes que no se han encontrado indicios que sugieran que el presunto centro de adiestramiento del narcotráfico hallado a principios de marzo en el estado de Jalisco, en el occidente del país, funcionara como un «campo de exterminio», tal como lo denunciaron algunos colectivos de búsqueda.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, explicó que, tras las investigaciones y testimonios recabados, se ha confirmado que el lugar en cuestión era un «centro de adiestramiento» del crimen organizado, pero aclaró que hasta el momento no existen evidencias que lo vinculen con prácticas de exterminio de personas.
«Tenemos confirmado que era un centro de adiestramiento. Al momento no tenemos ningún indicio que sugiera que haya sido un campo de exterminio», dijo García Harfuch durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, el funcionario reveló que, según declaraciones de un presunto operador detenido en días previos, algunas personas que se resistían a ser reclutadas en el lugar fueron asesinadas. A pesar de esta afirmación, García Harfuch precisó que aún se desconoce el número de víctimas en estos casos.
El hallazgo de restos óseos calcinados en la finca del municipio de Teuchitlán, en Jalisco, el 5 de marzo, fue reportado inicialmente por el colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores, que apuntó la posibilidad de que el rancho sirviera tanto para entrenar a nuevos miembros del crimen organizado como para ejecutar a aquellos que intentaban escapar. La Fiscalía General de la República, que asumirá el caso, confirmó la presencia de fragmentos óseos, pero aún está en proceso de identificar a las personas a las que podrían pertenecer.
El 11 de marzo, un comunicado emitido por varios colectivos de búsqueda señaló el lugar como un “campo de adiestramiento y exterminio”, lo que generó gran repercusión en los medios de comunicación nacionales e internacionales.
En paralelo, las autoridades mexicanas han avanzado en la captura de José Gregorio «N», identificado como el responsable de «reclutar» a las víctimas de manera forzada para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Según García Harfuch, las personas eran engañadas con ofertas falsas de empleo, principalmente como «guardias de seguridad», y al llegar al rancho eran sometidas a entrenamiento físico y manejo de armas, bajo condiciones estrictas.
El secretario también informó que, como parte de las investigaciones, su equipo ha desactivado 39 páginas de redes sociales utilizadas por los delincuentes para captar nuevos reclutas mediante anuncios falsos.
Las autoridades federales han cuestionado la labor de la Fiscalía General de Jalisco, que inicialmente asumió el caso, debido a la existencia de presuntas irregularidades en la investigación. En este contexto, el caso ha sido un tema de gran interés mediático, especialmente en un país con más de 120,000 desaparecidos desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2006.