Este miércoles, las protestas en Guatemala contra la obligatoriedad del seguro por daños a terceros, impuesto a los propietarios de vehículos, continúan por segundo día consecutivo. Casi una treintena de bloqueos han paralizado carreteras claves, incluyendo rutas de ingreso a la capital y vías que conectan con la frontera con México y Belice.
Los principales afectados por las protestas son los motociclistas y taxistas, quienes han bloqueado las principales arterias del país. Los manifestantes, en su mayoría, permiten que los vehículos particulares, el transporte de carga y las motocicletas circulen durante breves períodos de tiempo de 10 minutos, para luego volver a cortar el paso.
La principal demanda de los manifestantes es que el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo derogue los reglamentos que exigen el pago obligatorio de un seguro por daños a terceros en caso de accidentes. Esta medida fue anunciada el lunes por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, pero la obligatoriedad del seguro ya está contemplada en la Ley de Tránsito desde 1996.
Las cámaras empresariales han expresado su preocupación por las millonarias pérdidas causadas por los bloqueos y han exigido al Gobierno que garantice la libre circulación para evitar más perjuicios económicos.
Mientras tanto, el Gobierno de Arévalo está programando una reunión con los manifestantes para abordar sus inquietudes. En paralelo, la Corte Constitucional de Guatemala emitió un amparo provisional a varios diputados que buscan dejar sin efecto la obligatoriedad del seguro. La Corte ha dado un plazo de 12 horas al Ejecutivo para que informe sobre el cumplimiento de la ley, que establece un plazo de 45 días para la adquisición del seguro obligatorio.
Este es uno de los primeros desafíos importantes para el Gobierno de Arévalo, quien asumió la presidencia el pasado 14 de enero de 2024 para un mandato de cuatro años. El conflicto continúa generando incertidumbre y podría marcar el inicio de una serie de tensiones políticas en el país.