Amnistía Internacional ha expresado su contundente rechazo a la reforma a la Ley contra el crimen organizado en El Salvador, que prohíbe de manera expresa la libertad condicional o libertad anticipada para todas las personas condenadas por delitos relacionados con esta normativa. La organización advierte que esta reforma perjudica gravemente a los derechos humanos, socavando el principio fundamental de resocialización y acceso a los beneficios penitenciarios.
Según la organización internacional, esta reforma afecta a personas condenadas, tanto menores de 18 años como adultos, por delitos contemplados en la legislación de crimen organizado, lo que pone en riesgo su rehabilitación y reintegración social. Amnistía Internacional sostiene que la eliminación del acceso a la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios va en contra de las «Reglas de Mandela», las cuales son las normas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos, que en su regla 87 sugieren el acceso a estos beneficios como parte de un proceso de resocialización. Además, la reforma contradice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que promueve la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.
La reforma también permite el traslado de menores de 18 años a cárceles comunes, separándolos en pabellones, y pone bajo la jurisdicción de los tribunales de crimen organizado las penas de estos adolescentes, lo que, según Amnistía Internacional, condena a los menores a un sistema penitenciario diseñado para adultos, caracterizado por condiciones inhumanas de hacinamiento extremo, tortura y muertes bajo custodia.
Amnistía Internacional también condena las reformas aprobadas a la Ley Penitenciaria y a la Ley Penal Juvenil, que, según la organización, aumentan las violaciones de derechos humanos en los centros penitenciarios, sin garantizar el respeto a la dignidad humana de los internos. Estas reformas agravan las ya documentadas condiciones de tortura y hacinamiento, que han resultado en la muerte de más de 300 personas en custodia estatal.
El pasado 20 de enero, representantes de 29 países, incluidos España, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Chile, Colombia, México, Países Bajos, Noruega, Rusia, Francia y Estonia, recomendaron a El Salvador respetar el debido proceso y las normas internacionales en derechos humanos, instando al país a adherirse a los estándares establecidos por las «Reglas de Mandela».
En una reciente comparecencia pública, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, afirmó que el Gobierno no cree en la rehabilitación de «terroristas independientemente de su edad». Sin embargo, Amnistía Internacional insiste en que la rehabilitación y el respeto a los derechos humanos deben ser principios rectores del sistema penitenciario.
En su comunicado, Amnistía Internacional instó a las autoridades salvadoreñas a permitir el acceso de organismos internacionales a los centros penitenciarios y a revertir las reformas, con el objetivo de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad.
Amnistía Internacional, un movimiento global compuesto por más de 10 millones de personas en todo el mundo, se financia principalmente con donaciones particulares. En 2023, más de 1.7 millones de personas contribuyeron a la organización, con una donación media mensual de 13.30 euros (13.92 dólares). La actual secretaria general de la organización es Agnes Callamard, exrelatora especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.