Con 57 votos, la Asamblea Legislativa de El Salvador avaló reformas a la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas que obligan a los importadores a presentar una declaración jurada certificando que los productos que ingresan al país no fueron elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo infantil, forzoso u obligatorio.
La modificación establece que el incumplimiento de esta disposición acarreará responsabilidades civiles y penales. Además, contempla la suspensión del trámite aduanero y la retención de la mercancía cuando existan indicios de violaciones a la normativa.
Durante la sesión de la Comisión de Hacienda, Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Direccion General de Aduanas, explicó que la reforma faculta a la institución para requerir documentación adicional que respalde la declaración presentada por los importadores. El objetivo es verificar que cada operación incluya un formato oficial en el que se garantice que la producción de los bienes no involucró prácticas de explotación laboral.
Córdova señaló que el nuevo mecanismo también será aplicado en coordinación con otras entidades estatales para asegurar la efectividad de los controles, y descartó que la medida represente obstáculos innecesarios para el comercio exterior.
La reforma responde a compromisos adquiridos por el país en el marco del acuerdo comercial suscrito entre El Salvador y Estados Unidos, que contempla la eliminación de un arancel del 10 % para productos salvadoreños en el mercado estadounidense. En ese instrumento se establece la obligación de prohibir la importación de mercancías fabricadas con trabajo forzoso y de erradicar las peores formas de trabajo infantil.