Con 56 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la derogatoria del artículo 10 de la Ley de Bancos, disposición que exigía que al menos el 51 % de las acciones de cada entidad bancaria en el país estuvieran en manos de salvadoreños, centroamericanos o de bancos regionales y extranjeros con calificaciones internacionales.
La medida contó únicamente con el voto en contra de la diputada Cesia Rivas, del partido Vamos.
El artículo suprimido establecía, en sus primeros incisos, que la mayoría accionaria debía pertenecer a personas naturales o jurídicas salvadoreñas o centroamericanas. Además, contemplaba que, en el caso de participación extranjera, esta debía provenir de bancos sujetos a regulación prudencial y evaluados por clasificadoras de riesgo reconocidas internacionalmente. También obligaba a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) a suscribir memorandos de entendimiento con autoridades supervisoras de los países de origen de las entidades inversionistas, a fin de garantizar la supervisión consolidada.
Durante el debate, la diputada Dania Gonzalez, de Nuevas Ideas, defendió la eliminación del artículo al señalar que permitirá dinamizar el sistema financiero, atraer nuevos actores y fomentar la innovación en productos y tecnologías bancarias. Aseguró que las facultades de la SSF permanecen intactas y que los requisitos para operar como banco continúan regulados en el artículo 11 de la ley.
González argumentó que la disposición eliminada se había convertido en una barrera para la inversión y la competencia, limitando la posibilidad de ampliar la oferta crediticia y mejorar condiciones para los usuarios.
Por su parte, Rivas advirtió que la supresión podría debilitar los mecanismos de supervisión consolidada y expresó preocupación ante eventuales riesgos para los ahorros de la población, haciendo referencia a casos recientes como el de la Cooperativa de Ahorro y Credito Santa Victoria (COSAVI) de R.L.. La legisladora presentó una propuesta de reforma que mantenía el requisito del 51 % y reforzaba las exigencias de regulación y coordinación internacional para inversionistas extranjeros.
La iniciativa alternativa obtuvo únicamente dos votos —uno de Vamos y otro de Arena— por lo que no prosperó. Con la derogatoria aprobada, el sistema bancario ya no estará sujeto al límite mínimo de propiedad accionaria establecido en el artículo 10.