La Fiscalía General de la República (FGR) logró una importante victoria en la lucha contra las pandillas, con la condena de 56 miembros de la MS-13, quienes recibieron sentencias de hasta 180 años de cárcel por una serie de crímenes cometidos entre 2015 y 2020 en varios municipios de La Libertad Costa, como Tamanique, Jicalapa, Chiltiupán y Teotepeque.
Entre los crímenes más notorios atribuidos a estos pandilleros se encuentra el asesinato del futbolista Jonathan Arnoldo Cristales Vásquez, quien fue acribillado mientras jugaba en una cancha de fútbol en Jicalapa, en un ataque perpetrado por varios miembros de la MS-13 que cubrieron sus rostros para cometer el asesinato. Esta acción ilustra la brutalidad con la que operan estos grupos en las comunidades.
Los 56 pandilleros fueron condenados por una amplia variedad de delitos, incluidos homicidio agravado, tráfico ilícito de drogas y armas, así como asociaciones delictivas y conspiración. Las condenas también reflejan la diversidad de roles dentro de las pandillas, con miembros de diferentes rangos, como «ranfleros», «homeboys», «chequeos» y «colaboradores». Algunos de los condenados y sus penas son:
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Henry Giovanni Lobos Pérez, quien ostentaba el rango de homeboy, fue sentenciado a 180 años de prisión.
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Juan Pablo Barrera Ramírez, un ranflero del programa «Porteños», recibió una condena de 170 años (además de una pena previa de 100 años).
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Melvin Adalberto Munguía Lobo recibió 142 años de cárcel.
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Otros condenados incluyen a René Adán Cartagena (91 años), Moisés Martínez Vigil (130 años) y José Jonathan Ramírez Ángel (78 años).
Estos pandilleros formaban parte de varias «clicas» de la MS-13, incluidas las «San Diego Locos Salvatruchos», «Cangrejeras Locos Salvatruchos», «Melaras Locos Salvatruchos», «Porteños Locos Salvatruchos», «Bosques Locos Salvatruchos» y «Chiltiupanes Locos Salvatruchos», todas vinculadas al programa «Porteños».
La condena refleja el esfuerzo del gobierno salvadoreño por desmantelar las estructuras criminales que operan en diversas áreas del país, afectando la seguridad de los ciudadanos y el desarrollo de las comunidades. La colaboración entre la Fiscalía, la Policía y otras instituciones de seguridad ha permitido avances significativos en la lucha contra el crimen organizado y la impunidad.