La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró responsable al Estado de Nicaragua por las agresiones, amenazas y actos de hostigamiento sufridos por el fiscal electoral opositor Jaime Antonio Chavarría y su familia luego de denunciar irregularidades durante las elecciones municipales del 27 de julio de 2008.
De acuerdo con la sentencia, Chavarría se desempeñaba como fiscal de verificación electoral del Partido Liberal Constitucionalista en un centro de votación en Managua cuando presentó una impugnación por el cierre anticipado del centro electoral, pese a que aún había personas pendientes de ejercer su derecho al voto.
Tras la denuncia, el fiscal opositor y algunos de sus familiares fueron objeto de insultos y amenazas por parte de un fiscal del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Posteriormente, cuando abandonaban el lugar, fueron interceptados por un grupo numeroso de personas que los agredieron físicamente.
La Corte detalló que los atacantes actuaron instigados por dirigentes sandinistas del distrito y que agentes policiales presenciaron los hechos sin intervenir. Durante el incidente, las víctimas sufrieron diversas lesiones y lograron escapar en su vehículo, el cual los agresores intentaron incendiar.
Aunque Chavarría denunció el ataque ante la Policía Nacional, el caso fue archivado en mayo de 2016 y, según la Corte, los actos de intimidación y hostigamiento continuaron con el paso de los años.
En su resolución, el tribunal internacional concluyó que el Estado nicaragüense violó varios derechos del fiscal opositor, entre ellos la integridad personal, la libertad de pensamiento y expresión, los derechos políticos, la igualdad ante la ley y el derecho a defender derechos humanos.
Asimismo, la Corte determinó que también se vulneraron derechos de los hijos de Chavarría —Cindy Alicia, Jeffer Joaquín y Jaime Antonio Chavarría Alonso— debido a las afectaciones sufridas por su familia, incluyendo daños a su integridad personal y a su proyecto de vida.
Como parte de la sentencia, la Corte ordenó al Estado de Nicaragua investigar los hechos, sancionar a los responsables y pagar indemnizaciones a las víctimas por daños materiales e inmateriales.
El tribunal también señaló que los hechos ocurrieron en un contexto de debilitamiento institucional y creciente persecución contra sectores opositores en Nicaragua, un fenómeno que, según la Corte, se ha intensificado desde 2007 y ha limitado la participación política de quienes critican al gobierno.
Actualmente, Nicaragua se encuentra en desacato ante la CorteIDH desde 2022, luego de que el Estado se negara a cumplir medidas provisionales que exigían la liberación y protección de más de un centenar de opositores detenidos por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Desde entonces, el país no responde a las resoluciones del tribunal ni envía representantes a sus audiencias.