El presidente Nayib Bukele, cuestionó este miércoles una serie de argumentos que, a su juicio, se repiten en distintos países para justificar la permanencia de altos niveles de criminalidad. A través de sus redes sociales, el mandatario criticó lo que calificó como excusas recurrentes dentro del debate público internacional, a las que se refirió de forma tajante.

Entre las frases señaladas por el jefe de Estado se encuentran expresiones como: “nadie puede contra nuestros criminales”, “ningún país grande puede acabar con el crimen” o que el tamaño de un país lo condena inevitablemente a vivir bajo el terror. Bukele sostuvo que ese tipo de razonamientos buscan normalizar la violencia y la incapacidad del Estado para garantizar seguridad.

El pronunciamiento surge en medio de discusiones intensificadas en plataformas digitales, especialmente en México, donde recientemente se reavivó el debate sobre la violencia tras un operativo de fuerzas de seguridad que terminó con la muerte de un reconocido capo del narcotráfico. En ese contexto, el mandatario salvadoreño expresó que “cada quien cosecha lo que siembra” y manifestó su deseo de que, en algún momento, esas posturas cambien.

Las declaraciones del presidente se alinean con la narrativa oficial del Gobierno salvadoreño, que sostiene que la criminalidad no es un fenómeno inevitable y que puede ser combatida con decisiones firmes en materia de seguridad pública, en contraste con visiones que consideran al crimen organizado como un mal imposible de erradicar.

Bukele recordó que su administración ha impulsado una política de mano dura contra la delincuencia y que el próximo 27 de marzo se cumplirán cuatro años desde la implementación del régimen de excepción, medida que el Ejecutivo atribuye a una drástica reducción de los homicidios y a la desarticulación de las pandillas que operaban en El Salvador.

Desde la entrada en vigor de esa estrategia, más de 90 mil pandilleros y presuntos colaboradores han sido encarcelados. No obstante, la medida también ha sido objeto de señalamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que denuncian supuestos abusos, acusaciones que el Gobierno ha rechazado de manera reiterada.

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