El Gobierno de Guatemala, liderado por el presidente Bernardo Arévalo, solicitó este miércoles que se esclarezcan una serie de adopciones ilegales que, según expertos independientes de la ONU, podrían implicar a la fiscal general Consuelo Porras.
El procurador general, Julio Saavedra, informó que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el caso con “objetividad” e “independencia”. Además, la Procuraduría solicitó participar como querellante adhesivo, a fin de aportar elementos que permitan esclarecer los hechos.
Saavedra indicó que la acción responde al mandato legal de protección a la niñez y al compromiso del Estado con la justicia. “Los hechos deben ser esclarecidos mediante investigaciones institucionales objetivas y conforme a la ley”, sostuvo.
El informe de los expertos de la ONU denuncia que al menos 80 niños indígenas fueron sometidos a adopciones internacionales ilegales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez entre 1968 y 1996, durante el conflicto armado interno. Según el documento, Porras habría actuado como tutora legal de algunos de estos menores entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
La fiscal general, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por presunta corrupción, negó cualquier participación y acusó a la ONU de difundir señalamientos “falsos” y “politizados”. Porras concluirá su mandato en mayo, tras ocho años al frente del Ministerio Público.