La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel de Guevara, afirmó este lunes que durante su gestión no ha recibido ningún reporte de tortura en los centros penitenciarios del país, declaración que fue duramente cuestionada por diputadas de oposición durante la entrevista de evaluación para su reelección.
“No he recibido ni un caso de tortura en este periodo”, aseguró la funcionaria, quien busca un tercer mandato al frente de la institución.
De Guevara detalló que la PDDH mantiene 3,379 expedientes en investigación y que, en lo que va de su gestión, se han recibido 19,935 solicitudes de personas privadas de libertad.
La procuradora aseguró que ha visitado distintos penales y destacó el “orden y limpieza” en La Esperanza, el uso de cultivos hidropónicos, así como programas de autosostenibilidad y producción textil en otros recintos. También resaltó que en Apanteos “ninguna interna estaba esposada” y que observó atención médica para privados de libertad, incluso pacientes renales.
“No hay motines. Ahora la situación es completamente diferente”, afirmó.
La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, cuestionó la versión de De Guevara y señaló que organismos internacionales han documentado graves vulneraciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción.
Citó datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2024 reportó:
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4,825 detenciones arbitrarias
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402 casos de tortura
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193 desapariciones forzadas
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Más de 300 muertes bajo custodia estatal
Además, mencionó que el Conapina documentó la detención de 3,319 menores entre marzo de 2022 y marzo de 2023, muchos de los cuales denunciaron maltratos, hacinamiento, abuso sexual y tortura.
Rivas subrayó que estas vulneraciones son responsabilidad del Estado, más allá de la violencia ejercida en el pasado por las pandillas.
De Guevara replicó:
“Yo tengo otra versión de los hechos. Cuando el Estado permite que en 2015 haya más de 3,000 asesinatos en un mes, es un Estado fallido. Venimos de situaciones realmente graves”.
Agregó que el régimen de excepción “tiene rango constitucional” y que si existen casos en centros de menores, “ya hay procesos en investigación”.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, interrogó a la procuradora sobre la protección a personas despedidas, las acciones de la institución en casos de desapariciones y el seguimiento al fraude de la cooperativa Cosavi.
También pidió levantar la reserva de información sobre los viajes realizados por la PDDH.
“Quiten esas reservas”, le sugirió Villatoro, recordando que ciudadanos cuestionan qué hace la institución para defender sus derechos.
De Guevara respondió que las reservas obedecen al alto número de solicitudes de información recibidas y aseguró que busca optimizar recursos. Negó haber utilizado fondos para fines personales.
En cuanto a denuncias de nepotismo, admitió que el caso de su hijastra ya fue revisado en instancias judiciales, pero defendió la legalidad del nombramiento.
“Le aseguro mil por mil que no me fui a ningún estadio”, dijo sobre los viajes bajo reserva.