La Asamblea Legislativa incluyó al caserío La Concordia, en Usulután, dentro del decreto aprobado en 2009 que permite legalizar calles o tramos de calle en desuso, con el objetivo de que las familias que los han habitado por años puedan obtener la propiedad a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo).
La diputada Marisela de Guardado (Nuevas Ideas) explicó que los cuatro diputados de Usulután de su partido gestionaron la legalización, tras una inspección técnica realizada en enero de 2025 junto al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Ministerio de Vivienda, Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) y la alcaldía de Usulután Oeste, según detalló el diputado Omar Villanueva.
Con esta inclusión, son 71 comunidades beneficiadas por el decreto, que busca garantizar a las familias salvadoreñas un respaldo jurídico sobre sus viviendas. La diputada Johana Hernández resaltó que se trata de un “legado” que dejarán como legisladores.
La diputada Claudia Ortiz (Vamos) destacó la importancia de este tipo de decretos para el acceso a la propiedad y anunció su voto a favor, señalando que se trata de aumentar los derechos de la población.
Por su parte, los diputados de Nuevas Ideas, Ángel Lobos y Ernesto Castro, atribuyeron la falta de inclusión de la comunidad en decretos anteriores a gobiernos pasados y a tácticas de chantaje político hacia las comunidades más necesitadas.
El decreto fue aprobado con 59 votos de los diputados presentes, incluyendo 56 de Nuevas Ideas y aliados y tres de la oposición (dos de Arena y uno de Vamos).