Los senadores Alex Padilla y Dick Durbin solicitaron este miércoles a la Administración del presidente Donald Trump aclarar sus planes de deportar a decenas de niños guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y se encuentran bajo custodia del gobierno, sin que se les haya permitido defender sus casos migratorios.
Los legisladores anunciaron que han solicitado audiencias de supervisión en el Senado para que la Casa Blanca explique el proceso, originalmente previsto para el 31 de agosto y actualmente detenido por una orden judicial. Según abogados de diez menores, de entre 10 y 16 años, la Administración habría violado el debido proceso, al ignorar los casos pendientes ante tribunales de inmigración y las protecciones especiales que la ley brinda a los menores que ingresan solos al país.
Bajo la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (TVPRA), los menores generalmente tienen derecho a comparecer ante un juez antes de ser deportados.
La solicitud de Padilla y Durbin surge luego de un informe del Government Accountability Project (GAP) que denuncia que la Administración habría presentado información falsa sobre la seguridad de los niños guatemaltecos para justificar su expulsión. Según el reporte, al menos 30 de los 327 menores no acompañados intentados deportar mostraban indicios de haber sufrido abuso, amenazas de muerte, violencia de pandillas o trata de personas, y expresaron temor a regresar a Guatemala.
Sin embargo, Angie Salazar, directora de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), declaró en un tribunal que los niños “no presentan indicios de abuso o negligencia por parte de un tutor ni son víctimas de trata”, contradiciendo datos de la propia agencia.
Padilla calificó la situación como “imperdonable” si la Administración engañó a los tribunales, y subrayó: “Devolver a los niños al peligro es una traición a nuestras obligaciones morales y legales. Exigiremos cuentas a los responsables, comenzando por presentarlos ante el Senado”.
Durbin, por su parte, instó a los senadores republicanos Chuck Grassley y John Cornyn a sumarse a la audiencia de supervisión para abordar la situación de manera bipartidista.