Un grupo de más de 400 supuestos cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha está siendo procesado bajo un modelo inédito de macroaudiencia en El Salvador, en la que se acumulan más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según informó la Fiscalía General de la República.

Este mecanismo judicial, que permite juzgar de forma conjunta a numerosos imputados y mantener abierto el proceso para incluir nuevos acusados, surge tras reformas legales impulsadas en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Dicho régimen, promovido por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, contempla la suspensión de ciertas garantías constitucionales como parte de la estrategia de seguridad.

De acuerdo con la Fiscalía, esta es la primera ocasión en la que se dirige una acción penal contra estructuras de mando dentro de la pandilla, señaladas de ordenar delitos como homicidios, feminicidios, extorsiones, tráfico de armas y desapariciones. La institución también indicó que los acusados enfrentan cargos por rebelión, bajo el argumento de que buscaban ejercer control territorial y establecer un poder paralelo.

El proceso se desarrolla bajo estrictas medidas de reserva, sin acceso a la prensa, y forma parte de un modelo que permite agrupar a toda una estructura criminal en un solo expediente, tras reformas a la legislación contra el crimen organizado aprobadas en 2023 por la Asamblea Legislativa.

Según datos oficiales, al menos 413 de los imputados ya se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, considerado una de las principales cárceles de máxima seguridad del país. Además, se han emitido órdenes de captura contra otros 73 señalados que están siendo procesados en ausencia.

La Fiscalía también vincula a este grupo con los hechos de violencia registrados en marzo de 2022, cuando, según las autoridades, se ordenaron asesinatos que dejaron 86 víctimas y que derivaron en la implementación del régimen de excepción.

Este tipo de procesos masivos ha generado debate a nivel nacional e internacional, especialmente por cuestionamientos relacionados con derechos humanos. No obstante, la estrategia de seguridad del Gobierno ha mantenido altos niveles de respaldo ciudadano y ha sido uno de los pilares en la continuidad del mandato del presidente Bukele.

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