El Gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo caso de corrupción tras la difusión de audios que presuntamente revelan un esquema de sobornos en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La denuncia involucra a la hermana del presidente, Karina Milei, al subsecretario Eduardo “Lule” Menem y al empresario Eduardo Kovalivker, propietario de la farmacéutica Suizo Argentina.
Los audios, divulgados el 20 de agosto y atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de Andis y abogado cercano a Milei, mencionan pagos ilegales, incluyendo un supuesto 3 % de comisión para Karina Milei en las operaciones con Suizo Argentina. Tras la filtración, el presidente ordenó la intervención de la agencia por 180 días y apartó preventivamente a Spagnuolo.
La denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón acusa a Milei y su entorno de cohecho, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La investigación, dirigida por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ha incluido 15 allanamientos y la incautación de $266,000 vinculados a la familia Kovalivker.
Hasta el momento, ni Javier ni Karina Milei se han pronunciado públicamente. Por su parte, Eduardo y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, calificaron el caso como una “operación política” en plena campaña legislativa. Suizo Argentina negó las acusaciones mediante un comunicado difundido por el propio Milei.
Este es el segundo escándalo de corrupción que afecta al mandatario argentino en 2025, después del caso de la criptomoneda $LIBRA, que generó millonarias pérdidas a inversores.
La controversia se suma a la tensión por las pensiones de discapacidad, mientras el Gobierno cuestiona la veracidad de las listas de beneficiarios. El mismo día de la filtración, el Congreso rechazó un veto presidencial a una ley que buscaba declarar la emergencia en discapacidad, solicitada por familiares y organizaciones sociales.
El caso Andis no solo involucra al Ejecutivo en investigaciones judiciales, sino que también pone en entredicho la transparencia de los fondos destinados a programas sociales de salud y asistencia.