Con el respaldo de 57 votos la Asamblea Legislativa dio este jueves el primer paso para una reforma constitucional que permitiría retirar a El Salvador del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un organismo al que acusan de carecer de beneficios tangibles para el país y de servir como refugio para políticos señalados por corrupción.
La propuesta fue presentada por el diputado Geovanny Zaldaña, de Nuevas Ideas, quien pidió la aprobación inmediata de la iniciativa, con dispensa de trámite, para reformar los artículos 80 y 133 de la Constitución. Ambas disposiciones reconocen al Parlacen como parte del sistema político salvadoreño y otorgan a sus diputados iniciativa de ley en temas de integración regional.
«El pueblo salvadoreño exige cambios reales. Hoy damos un paso importante para desmontar un modelo que no ha aportado nada a nuestro país», declaró Zaldaña durante su intervención, en la que también calificó al Parlacen como un «reducto de impunidad» para personajes condenados o procesados por delitos graves.
La reforma fue aprobada con el voto favorable de los legisladores oficialistas y aliados. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, fue la única en votar en contra, argumentando que si bien comparte el fondo de la propuesta, rechazó su aprobación acelerada sin el debido análisis legislativo. «No se puede reformar la Constitución a la carrera», advirtió, al tiempo que reiteró su apoyo a otras reformas pendientes como el reconocimiento del derecho al agua y la prohibición de la minería metálica.
Durante el debate, el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, y otros legisladores de Nuevas Ideas expresaron su respaldo a la propuesta y se acercaron a firmarla personalmente en el pleno.
La discusión también sirvió como plataforma para cuestionar la utilidad del Parlacen, que según sus propios informes, ha emitido 26 pronunciamientos en los últimos seis meses, sin carácter vinculante. Además, se recordó que la institución había gestionado beneficios como seguros médicos y de vida para sus miembros y empleados, lo que generó críticas por parte de la oposición y del oficialismo.
El diputado Francisco Lira, de ARENA, dijo estar de acuerdo con discutir la permanencia en el Parlacen, pero criticó la falta de transparencia sobre el destino de los recursos que dejarían de enviarse a esa entidad. “Tienen mayoría, sí, pero no todo debe aprobarse al vapor”, advirtió.
El proceso de reforma constitucional deberá ser ratificado por la misma legislatura para entrar en vigor, conforme a los procedimientos establecidos por la actual correlación de fuerzas políticas en el Congreso.