En una carta enviada al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, los congresistas Anna Paulina Luna, Vicente González y Andy Ogles, integrantes del Caucus de El Salvador en el Congreso estadounidense, destacaron las condiciones carcelarias en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), particularmente las de 253 venezolanos recluidos, y pidieron fortalecer la cooperación bilateral con el gobierno de Nayib Bukele.

Los legisladores afirmaron que los reclusos venezolanos, identificados como miembros del grupo criminal Tren de Aragua, reciben comida “de calidad comparable a la de un restaurante estadounidense” y acceso a kits de higiene, atención médica y consulta legal. Según su relato, durante una visita oficial realizada del 8 al 10 de mayo de 2025, observaron “un régimen diferenciado” para los presos extranjeros y aseguraron no haber detectado “indicios de abuso ni hacinamiento”.

Además, mencionaron que los internos “participan en rutinas estructuradas” y que las audiencias judiciales virtuales garantizan el debido proceso. La administración del penal, dijeron, les pareció “organizada, segura y transparente”.

En la carta, los congresistas también instaron al Departamento de Estado a promover “un compromiso constructivo” con el gobierno salvadoreño en áreas de seguridad, inversión y desarrollo humano, al considerar que dichas políticas fortalecen la estabilidad regional y ayudan a reducir la migración ilegal hacia la frontera sur de EE.UU.

Controversias legales

La misiva llega en un contexto tenso por la deportación de más de 250 venezolanos señalados como integrantes del Tren de Aragua. Según el Cato Institute, al menos 50 de ellos ingresaron legalmente a EE.UU., lo que ha generado cuestionamientos sobre el respeto al debido proceso.

El caso más reciente que ha generado controversia involucra a un salvadoreño deportado en marzo y recluido en el CECOT. Fue devuelto a EE.UU. a solicitud de un tribunal que lo requería por delitos de tráfico de personas. La Corte Suprema había ordenado su retorno al considerar que fue deportado indebidamente, ya que su deportación había sido suspendida por un tribunal de Baltimore. El congresista Chris Van Hollen celebró el retorno y denunció una violación al debido proceso.

El CECOT, con capacidad para 40,000 reclusos, fue inaugurado en 2023 como una megacárcel de máxima seguridad. Estados Unidos y El Salvador acordaron su uso para albergar a supuestos criminales deportados durante la administración Trump.

Mientras sectores conservadores destacan su eficiencia y orden, sectores demócratas y organizaciones de derechos humanos continúan expresando preocupación por posibles abusos, la opacidad de los procesos judiciales y la externalización del sistema penal estadounidense.

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