En dos expedientes que llegaron a su fase final, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio emitió resoluciones que ordenan la extinción de bienes y dinero incautados a miembros del crimen organizado, disponiendo que estos pasen a manos del Estado salvadoreño.
Caso 1: Extinción de $169,900 a una ciudadana colombiana
En uno de los casos, el juez resolvió que la suma de $169,900, decomisada a la ciudadana colombiana Mayra Alejandra Marín Uribe, debe ser extinta y entregada al Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) para su disposición. La extranjera fue capturada el 20 de enero de 2024, en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, cuando intentaba ingresar al país procedente de Guatemala. Durante su detención, agentes K9 de la Policía Nacional Civil (PNC) detectaron que en su equipaje llevaba el dinero, el cual estaba vinculado a actividades ilícitas.
Además del dinero, los análisis realizados también arrojaron la presencia de cocaína y metanfetamina en su equipaje, y se determinó que el destino final de la droga era Colombia. En virtud de la vinculación del dinero con actividades criminales, el juez ordenó que estos fondos pasen al patrimonio del Estado.
Caso 2: Decomiso de vehículo y dinero a extorsionistas
En el segundo caso, el juez también emitió una sentencia favorable al Estado, ordenando la extinción de un vehículo y $8,033 decomisados a dos extorsionistas en San Salvador. Los bienes fueron incautados el 9 de enero de 2019, tras una denuncia por extorsión presentada por una víctima bajo régimen de protección. Según la denuncia, la víctima fue amenazada con pagar $300 como parte de un chantaje, lo que llevó a los agentes de la Policía Nacional Civil a montar un operativo para capturar a los delincuentes.
La pareja, identificada como Josué Jonathan Ascencio y Carmen Yesenia Zacarías León, fue arrestada en flagrancia cuando se disponían a retirar el dinero de la víctima. Tras su detención, los agentes realizaron un allanamiento en su vivienda y encontraron el dinero, marihuana y dos armas de fuego. Como los imputados no pudieron justificar el origen del dinero, se les sumó el delito de lavado de dinero, lo que permitió al juez disponer que tanto el vehículo como los fondos fueran extinguidos y entregados al Estado.
Estas resoluciones son parte de los esfuerzos continuos del gobierno de El Salvador en la lucha contra el crimen organizado y la criminalidad, asegurando que los bienes obtenidos de actividades ilícitas sean devueltos al pueblo salvadoreño para su uso y beneficio. Además, las sentencias refuerzan el compromiso del Estado con la justicia, la transparencia y la aplicación del Estado de Derecho.