La Corte de Cuentas de la República (CCR) ha informado sobre un plan especial de fiscalización que implementará durante el periodo vacacional de Semana Santa, que comenzará el domingo 13 de abril y finalizará el lunes 21 de abril de 2025. Este plan tiene como objetivo promover una gestión eficiente del parque vehicular estatal, garantizando el uso adecuado de los vehículos nacionales y reduciendo los costos operativos innecesarios.

Según el comunicado oficial emitido por la institución, el propósito del plan es evitar el desgaste innecesario de los vehículos del Estado y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y para los fines que fueron adquiridos, es decir, para generar valor y beneficio a los ciudadanos. La Corte de Cuentas también recordó que su función es velar por la correcta utilización de estos recursos en beneficio de la sociedad.

El plan de fiscalización incluirá una serie de acciones complementarias para supervisar el uso de los vehículos oficiales. Entre las acciones destacan:

  • Supervisión en puntos estratégicos a nivel nacional.

  • Revisión de las misiones oficiales, verificando que su propósito sea legítimo y conforme a la normativa.

  • Inspección de placas y distintivos oficiales.

  • Verificación de que la documentación de los vehículos esté en regla.

Además, la Corte de Cuentas trabajará en coordinación con la Dirección General de Tránsito y la División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil (PNC), asegurando una supervisión integral y eficiente.

La Corte de Cuentas enfatizó que todas las instituciones y municipalidades sujetas a control deben garantizar que el uso de los vehículos nacionales esté debidamente justificado, documentado y autorizado. También instó a los titulares de las instituciones a tomar las medidas necesarias para asegurar el resguardo y cuidado de los vehículos durante el periodo vacacional de Semana Santa.

La Corte de Cuentas reafirmó su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de actos de corrupción en la gestión de los recursos del Estado. Con este plan, la institución continúa su labor de fiscalización para asegurar el uso adecuado de los bienes públicos y garantizar la confianza de los ciudadanos en las instituciones del gobierno.

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