La juez federal de distrito, Paula Xinis, ordenó este viernes al gobierno de Estados Unidos gestionar de manera inmediata la repatriación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño que fue deportado por error a su país natal y actualmente se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador.

En una audiencia tensa, Xinis calificó la deportación de Ábrego García como “un acto ilegal” y cuestionó duramente las acciones del gobierno estadounidense. La jueza ordenó que el gobierno federal repatríe a García a Estados Unidos a más tardar a las 11:59 p.m. del lunes 7 de abril.

Ábrego García, de 29 años, residía legalmente en Maryland y había recibido una resolución favorable desde 2019 que le otorgaba protección ante posibles persecuciones por parte de pandillas en El Salvador. Sin embargo, en marzo de este año, fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportado, a pesar de la protección que le había sido otorgada. Esta acción contraviene una decisión previa de un juez migratorio.

Durante la audiencia, Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia de EE. UU., admitió que Ábrego García no debió haber sido deportado y expresó su frustración por no saber quién autorizó su arresto ni por qué fue enviado al penal salvadoreño. «También estoy frustrado de no tener respuestas», comentó Reuveni ante las insistentes preguntas de la jueza.

La defensa de Ábrego García, liderada por el abogado Simon Sandoval-Moshenberg, denunció que, a pesar de que la Casa Blanca ha reconocido públicamente el error, no se han tomado medidas concretas para corregirlo con el gobierno de El Salvador. Sandoval-Moshenberg también refutó las acusaciones de que su cliente estaría vinculado a pandillas, como asegura el gobierno estadounidense. Según el abogado, las acusaciones se basan en declaraciones no verificadas de un informante confidencial de 2019.

Ábrego García había sido autorizado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. para trabajar como aprendiz en una empresa metalúrgica y estaba en proceso de obtener su licencia profesional. “Será una victoria cuando Kilmar esté en casa con su familia”, expresó Sandoval-Moshenberg.

Por su parte, Reuveni pidió a la jueza 24 horas para intentar coordinar la repatriación sin una orden judicial directa, una solicitud que fue recibida con escepticismo. “Los buenos clientes escuchan a sus abogados”, respondió Xinis.

Jennifer Vásquez Sura, esposa de Ábrego García y ciudadana estadounidense, no ha podido hablar con su esposo desde su deportación. La pareja tiene un hijo en común, además de los dos hijos de ella. Vásquez Sura participó en una manifestación en Maryland, exigiendo justicia para su esposo y otros migrantes en situaciones similares. “Es un viaje que nadie debería sufrir, una pesadilla interminable”, expresó. Entre lágrimas, agregó: “Si tuviera todo el dinero del mundo, lo gastaría en una sola cosa: una llamada para escuchar la voz de Kilmar otra vez”.

La Casa Blanca ha reconocido que la deportación de Ábrego García fue un “error administrativo”, pero la controversia en torno al caso ha crecido, con organizaciones defensoras de derechos humanos alertando sobre las fallas del sistema migratorio estadounidense. La audiencia sobre su regreso continuará en los tribunales federales de Greenbelt, Maryland.

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