Un juez federal en Washington D.C. abrió la posibilidad de declarar al Gobierno de Trump en desacato, luego de que más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueran enviados a una megacárcel en El Salvador, en un caso que está generando una intensa batalla legal.
Durante una audiencia este jueves, el juez James Boasberg expresó dudas sobre la legalidad de las acciones del Gobierno, señalando que podría haber actuado «de mala fe» al acelerar los vuelos con los migrantes para evitar el escrutinio judicial. «Si realmente hubieran creído que todo lo que hicieron ese día era legal, no creo que hubieran actuado de la manera que lo hicieron», indicó Boasberg.
El pasado 14 de marzo, el presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para deportar a cientos de venezolanos, a quienes acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, originada en cárceles venezolanas. A pesar de las demandas presentadas por grupos como la ACLU, los aviones con los migrantes despegaron y aterrizaron en El Salvador, desatando una disputa legal sin precedentes.
Durante la audiencia, Boasberg cuestionó al abogado del Gobierno sobre los detalles de la decisión de enviar los vuelos y expresó su preocupación de que la Administración intentara evitar la intervención de los tribunales. «Estuvieron dispuestos a hacer esto lo más rápido posible para evitar una orden judicial y arriesgaron subir a personas a esos aviones que no deberían estar ahí», afirmó el juez.
Las familias de los migrantes, ahora detenidos e incomunicados en la prisión CECOT de El Salvador, han defendido que sus seres queridos no tienen antecedentes criminales y están siendo encarcelados injustamente. La CECOT es conocida por las denuncias de abusos a los derechos humanos.
El abogado del Gobierno, por su parte, aseguró no tener información sobre los funcionarios responsables de tomar la decisión final de seguir adelante con los vuelos, a pesar de la demanda presentada, y defendió que la Administración actuó dentro de la legalidad.
El juez Boasberg aclaró que no tomará una decisión definitiva esta semana y convocó a las partes a una nueva audiencia el próximo martes, manteniendo el caso en el centro del debate sobre la política migratoria de Trump y la separación de poderes en Estados Unidos.