Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes presentaron una demanda este miércoles contra el estado de Florida por una nueva ley que permite el arresto de indocumentados que ingresaron al país de manera ilegal o que reingresaron al estado sin autorización. La demanda, interpuesta en un tribunal federal del Distrito Sur de Florida, impugna la legalidad de la ley SB 4-C, que fue promulgada el 13 de febrero por el gobernador Ron DeSantis.
La ley SB 4-C, que criminaliza el ingreso o reingreso ilegal a Florida, establece sanciones penales que incluyen encarcelamiento obligatorio para los mayores de 18 años que ingresen al estado sin permiso, lo que afecta especialmente a los inmigrantes indocumentados y a aquellos que buscan alivio migratorio, como el asilo. La demanda argumenta que esta legislación viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, al usurpar la autoridad federal en la aplicación de las leyes migratorias, un área que corresponde exclusivamente al gobierno federal.
La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, y Americans for Immigrant Justice, en representación de varias organizaciones locales de inmigrantes, como la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y la Coalición de Inmigrantes de Florida, así como de inmigrantes afectados por la ley. Entre los demandantes se encuentran residentes de larga data en el estado, quienes tienen procesos migratorios pendientes o familiares ciudadanos estadounidenses que dependen de su cuidado.
Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, criticó duramente la medida, declarando que “esta ley despoja de poder al gobierno federal y lo otorga a funcionarios estatales sin la capacitación ni la autoridad en temas migratorios, lo que amenaza con separar familias y detener a personas que tienen todo el derecho legal de estar aquí”. La ACLU y otros grupos defensores de los derechos de los inmigrantes subrayan que la ley no solo es inconstitucional, sino también cruel y peligrosa.
Hannah Steinberg, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, añadió que los demandantes han solicitado al tribunal federal que impida la aplicación de la ley SB 4-C para evitar “una mayor devastación” en las comunidades inmigrantes de Florida.
La ley ha sido vista como una expansión de las políticas de inmigración restrictivas implementadas por el gobernador DeSantis, quien ha sido un firme defensor de endurecer las medidas contra la inmigración ilegal en el estado. Esta nueva acción legal agrega otra capa a la creciente batalla judicial sobre las leyes migratorias en EE. UU., que podrían tener implicaciones significativas para las políticas de inmigración a nivel estatal y federal.