Jennifer, esposa de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño de 29 años deportado por error a El Salvador, ha expresado su profundo temor por la seguridad de su esposo, quien se encuentra detenido en la prisión de máxima seguridad CECOT, en el país centroamericano. Ábrego García, quien había recibido en 2019 una suspensión de deportación por temor a ser perseguido por pandillas en su país natal, fue deportado el 15 de marzo y encarcelado en el centro de reclusión conocido por albergar a algunos de los criminales más peligrosos de El Salvador.
Jennifer, ciudadana estadounidense, señaló que su esposo no es un criminal y destacó su papel como un «padre extraordinario» y «no un delincuente». En una entrevista con CBS News, relató cómo, al ver una foto de su esposo en los medios, se «derrumó» al reconocerlo y temer por su vida. Explicó que la preocupación de la deportación de Ábrego García surgió debido a que un juez de inmigración estadounidense había determinado que enviarlo a El Salvador podría exponerlo a la persecución de pandillas.
Ábrego García llegó a los Estados Unidos en 2011, cuando tenía 16 años, y fue arrestado por ICE en 2019 tras un incidente con la policía local. A pesar de las acusaciones del gobierno que lo vinculaban con la MS-13, una organización criminal transnacional, sus abogados han subrayado que no tiene antecedentes penales. Después de meses de detención, un juez de inmigración le otorgó una «suspensión de deportación», debido a la probabilidad de que fuera blanco de pandillas en El Salvador.
Jennifer detalló cómo su esposo asistió a todas las reuniones de control de ICE y trabajaba como metalúrgico, siendo el principal sostén de la familia y el cuidador de su hijo discapacitado. Sin embargo, el 12 de marzo de 2025, Ábrego García fue arrestado nuevamente por ICE mientras conducía con su hijo, lo que derivó en su posterior deportación a El Salvador y su encarcelamiento en CECOT.
Desde entonces, Jennifer no ha tenido noticias de él y está demandando al gobierno de Estados Unidos ante un tribunal federal de distrito en Maryland, exigiendo que se tomen medidas para su regreso. Aunque la administración Trump ha reconocido el error en la deportación, se ha opuesto a su regreso, argumentando que el gobierno ya no tiene la custodia de Ábrego García y que los tribunales federales carecen de autoridad para intervenir.
El Departamento de Justicia de EE.UU. ha alegado que Ábrego García es un «líder» de la MS-13 y que está involucrado en actividades delictivas, pero hasta el momento no se han presentado pruebas concretas que respalden estas acusaciones. Jennifer ha refutado enérgicamente las afirmaciones del gobierno, asegurando que su esposo es un hombre de familia y no tiene vínculos con pandillas. «No es un delincuente. Mi esposo es una persona increíble. Un padre increíble», dijo.
La demanda que Jennifer presentó busca que el gobierno estadounidense tome las medidas necesarias para que su esposo regrese a su país de residencia, y continúen las batallas legales en torno a este caso que pone en evidencia una situación compleja sobre los errores administrativos en las deportaciones y la seguridad de los migrantes.