La diputada Marcela Villatoro, de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), manifestó este su preocupación por el caso de un salvadoreño deportado de Estados Unidos, quien fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador debido a un «error administrativo». Villatoro destacó que este ciudadano debe gozar de un debido proceso conforme a la Constitución y, si no ha cometido ningún delito, debe ser liberado.
«Es obligatorio que se le siga el debido proceso que se debe realizar constitucionalmente. Lógicamente, si es un migrante que no ha cometido ningún delito, debe ser liberado», subrayó la diputada durante su intervención.
Sobre deportados criminales al CECOT «en lugar de trer a delincuentes, el gobieno hubiera negociado beneficios, para las familias salvadoreñas que viven en EE.UU…» @Villabull @ElMundoSV pic.twitter.com/zrKqneNwT3
— Jessica Guzmán (@Jessmonic) April 1, 2025
La legisladora también criticó la gestión del gobierno en relación con la negociación de acuerdos migratorios con Estados Unidos, sugiriendo que el gobierno de El Salvador debería haber buscado beneficios para los salvadoreños con estatus irregular en ese país, en lugar de aceptar la repatriación de individuos presuntamente criminales.
«Este es un tema delicado. Nosotros quisiéramos saber cuál fue el acuerdo, y este debió haber sido revisado por esta Asamblea Legislativa para entender la realidad de lo que está sucediendo», comentó Villatoro, haciendo un llamado a una mayor transparencia en la situación.
Puede leer: EE. UU. reconoce error en la deportación de salvadoreño con TPS al CECOT
En su intervención, la diputada expresó su preocupación por el impacto de la repatriación de personas con antecedentes criminales. «¿Para qué queremos más delincuentes? No necesitamos más de los que ya tenemos. Recibir personas con otro nivel de maldad no beneficia a El Salvador», concluyó la legisladora de la oposición.
El Caso de Kilmar Ábrego García
El caso que ha generado controversia involucra a Kilmar Ábrego García, un residente legal en Maryland, esposo de una ciudadana estadounidense y padre de un niño con discapacidad, también ciudadano estadounidense. Según documentos judiciales, Ábrego había recibido una resolución favorable de un juez de inmigración que evitaba su deportación debido al riesgo de persecución en El Salvador.
No obstante, por un «error administrativo», Ábrego fue deportado a El Salvador, a pesar de la resolución judicial a su favor. Según la declaración judicial, la deportación se llevó a cabo de buena fe, basándose en la existencia de una orden final de deportación y en la supuesta vinculación de Ábrego con la MS-13, aunque los documentos no aportan pruebas concluyentes al respecto.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reconocido el error, pero ha expresado su oposición a la repatriación de Ábrego a El Salvador. El asistente del fiscal general, Yaakov M. Roth, argumentó que la corte carece de competencia para ordenar medidas sobre política exterior, y que no hay evidencia de que Ábrego esté en riesgo de sufrir torturas o ser asesinado en El Salvador, en el Cecot.