En un caso que ha captado la atención de defensores de derechos humanos y abogados de inmigración, el gobierno de Estados Unidos admitió el lunes, ante la Corte de Distrito de Maryland, que un error administrativo fue responsable de la deportación de Kilmar Ábrego García, un salvadoreño con estatus migratorio protegido. Actualmente, Ábrego García se encuentra detenido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, un centro penitenciario de alta seguridad.
Ábrego, residente legal en Maryland y esposo de una ciudadana estadounidense, fue deportado a El Salvador el año pasado, a pesar de contar con una resolución favorable de un juez de inmigración que le otorgaba protección debido al riesgo de persecución en su país natal. El caso ha generado indignación, ya que su deportación ocurrió en un contexto de alta tensión por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.
Según el informe presentado por Robert Cerna, director interino de la oficina de campo del ICE, Ábrego García no figuraba en el manifiesto inicial de vuelo destinado a su deportación. Sin embargo, debido a que otros detenidos fueron retirados del vuelo, Ábrego fue colocado como suplente en el vuelo, sin que se tomaran en cuenta las restricciones judiciales que le otorgaban protección.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció el error, pero se opuso a la repatriación de Ábrego, argumentando que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre decisiones de política exterior y sosteniendo que no existe evidencia que indique un riesgo inminente para la vida del salvadoreño en El Salvador.
Sin embargo, los abogados de Ábrego, encabezados por Simon Sandoval-Moshenberg, han calificado este caso como una grave violación al debido proceso. «Nunca había visto un caso en el que el gobierno de EE. UU. deportara a sabiendas a una persona con estatus de protección», afirmó el abogado, quien también demandó el retorno inmediato de Ábrego y la suspensión de pagos al gobierno salvadoreño por los servicios penitenciarios hasta que se logre su liberación.
Este caso pone en evidencia las tensiones y posibles fallos en el sistema de deportación masiva, especialmente cuando se trata de personas que cuentan con decisiones judiciales previas que les otorgan protección. Activistas y juristas alertan sobre el precedente peligroso que podría establecer esta situación, pues se estaría socavando la protección judicial para aquellos que, en principio, tienen derecho a permanecer en el país.
Ábrego García llegó a Estados Unidos en 2011, cuando tenía 16 años, huyendo de la violencia de pandillas en El Salvador. A pesar de las acusaciones de vinculación con la MS-13, sus abogados sostienen que no existe evidencia que sustente tales acusaciones. En su país natal, Ábrego enfrenta serias amenazas debido a su supuesta vinculación con la pandilla, un riesgo que, según sus defensores, debería haber sido considerado en su caso.
Su esposa, que identificó a Ábrego entre los deportados mediante una fotografía, ha solicitado incansablemente su liberación y regreso a Estados Unidos, donde el salvadoreño tenía un estatus legal y no poseía antecedentes penales.
El caso continúa siendo una fuente de debate legal y político, ya que podría sentar un precedente importante en el ámbito de la protección judicial frente a deportaciones en masa.