La Unión de Libertades Civiles (ACLU) ha revelado un controvertido sistema de puntos utilizado por el gobierno de Donald Trump para determinar el destino de migrantes venezolanos, con el objetivo de deportarlos a una megacárcel en El Salvador. Según documentos obtenidos por la organización, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) estaría aplicando criterios específicos para calificar a ciertos migrantes como «enemigos extranjeros», basándose en una serie de circunstancias y sin necesidad de presentar pruebas concluyentes.
La ACLU presentó una copia de la ‘Guía de Validación de la Ley de Enemigos Extranjeros’, un protocolo que, según los documentos, se utiliza para decidir si un venezolano es miembro de la pandilla Tren de Aragua (TDA). Bajo este sistema, los migrantes son evaluados mediante un sistema de puntos que asigna valores según diversos factores. Si un inmigrante acumula 8 puntos o más, se le considera miembro del TDA, lo que justificaría su deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa históricamente asociada a tiempos de guerra.
De acuerdo con la guía, los puntos se otorgan por diversos motivos: desde la autodefinición como miembro del TDA hasta la participación en actividades delictivas con la pandilla, incluyendo tráfico de drogas, reuniones con miembros del grupo o incluso si el inmigrante tiene tatuajes que supuestamente indican lealtad al TDA. Otros puntos se suman si la persona mantiene relaciones estrechas con individuos ya identificados como miembros de la pandilla, incluso a través de redes sociales.
Expertos en el tema han señalado que el Tren de Aragua no utiliza tatuajes como símbolo de pertenencia, lo que ha generado controversia sobre la validez de este criterio. Además, los documentos revelan que, si un inmigrante tiene entre 6 y 7 puntos, el empleado de ICE debe consultar con un supervisor, quien también podría decidir que la persona es un «enemigo extranjero» y, por lo tanto, sujeta a deportación.
El envío de inmigrantes a la megacárcel en El Salvador fue suspendido temporalmente por un tribunal federal en Washington, aunque el Departamento de Estado informó recientemente que otros 17 migrantes fueron enviados a dicho centro de detención. La ACLU, en su demanda, ha argumentado que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de paz es ilegal y violaría los procedimientos establecidos en la ley de inmigración, especialmente al tratarse de deportaciones masivas sin las debidas protecciones legales.
Este sistema de puntos ha sido criticado por activistas y abogados, quienes lo consideran un intento de eludir los límites establecidos por las leyes de inmigración y las protecciones que deben tener los migrantes. Además, el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de paz ha levantado preocupaciones sobre su constitucionalidad y la posibilidad de que se estén acelerando las deportaciones sin el debido proceso.
En medio de la creciente controversia, la ACLU ha pedido al tribunal que detenga el uso de este sistema y que exija el respeto a los derechos de los migrantes, asegurando que estos procedimientos no violen sus derechos constitucionales ni el principio de debido proceso.