Entre el 13 de marzo de 2023 y el 17 de marzo de 2025, la justicia salvadoreña ha condenado a 15 exfuncionarios de los gobiernos de ARENA y el FMLN por el delito de enriquecimiento ilícito, siendo condenados a devolver al Estado un total de $6,389,696.5, monto que habrían obtenido de manera indebida.
Según los fallos emitidos por las diversas cámaras judiciales, los condenados fueron obligados a reintegrar las sumas obtenidas de forma ilícita. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha registrado ningún pago en las sedes judiciales. La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República ha tenido que presentar solicitudes forzosas para garantizar la devolución de los fondos.
Las demandas, iniciadas por el ministerio público, llegaron a la instancia final, en la que se logró una efectividad del 100 % en las condenas. Ninguno de los casos fue desestimado por los abogados defensores de los demandados.
Condenas en 2023
En 2023, siete exfuncionarios fueron hallados responsables de enriquecimiento ilícito. Entre ellos destacan Blanca Imelda Jaco de Magaña, Douglas Mejía Avilés, Benito Lara, José Atilio Benítez Parada, Eduardo Alfonso Linares Rivera, Alberto Romero y David Munguía Payés, quienes se vieron involucrados en un incremento patrimonial no justificado de $1,862,586.
Condenas en 2024
En 2024, seis exfuncionarios más fueron condenados por enriquecimiento ilícito: Medardo González, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Jorge Schafik Hándal Vega, Eugenio Chicas, Sigfrido Reyes y Luis Martínez. Las cámaras fallaron para que regresen un total de $942,396.16 al Estado.
Condenas en 2025
En marzo de 2025, la Cámara Ambiental de Santa Tecla condenó a Nicola Ernesto Angelucci Silva y a David Rivas por un enriquecimiento ilícito de $3,584,713.55 entre ambos.
Proceso judicial y sanciones
Las condenas fueron dictadas tras investigaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que detectó la apropiación indebida de fondos estatales a través de la revisión de las declaraciones patrimoniales de los exfuncionarios. Ninguno de los condenados pudo justificar el origen de los fondos utilizados para adquirir propiedades, vehículos de lujo, cuentas bancarias y pagos de tarjetas de crédito.
Durante los juicios civiles, los fiscales lograron acreditar que, durante su tiempo en funciones, los exfuncionarios tuvieron ingresos superiores a sus salarios y llevaron un estilo de vida lujoso, gastando más de lo que ganaban con dinero obtenido ilícitamente.
Como consecuencia de estos hallazgos, la CSJ ordenó aplicarles la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos de 1959, que establece multas para la restitución de los montos obtenidos de manera ilícita. Además, los condenados fueron inhabilitados para ocupar cargos públicos durante un período de 10 años.
De los 15 condenados en el ámbito civil, tres también están siendo procesados penalmente por enriquecimiento ilícito. David Munguía Payés, exfuncionario del FMLN, está siendo procesado en el Juzgado Cuarto de Instrucción por enriquecerse ilícitamente con $1,147,650. Por su parte, el exdiputado de ARENA Alberto Armando Romero Rodríguez enfrenta cargos por un enriquecimiento ilícito de $1,612,388 y está a la espera de su audiencia preliminar en la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador. Asimismo, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y exdiputado del FMLN, Eugenio Chicas, fue acusado de enriquecimiento ilícito por un monto de $202,557.51 y, tras la audiencia inicial, fue enviado a prisión.
La Fiscalía General de la República continúa con su labor de investigar y procesar a quienes se han apropiado de fondos públicos, reafirmando su compromiso en la lucha contra la corrupción y la justicia en El Salvador.