El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, anunció este miércoles la derogación del seguro obligatorio para vehículos en favor de terceros, una medida que había generado intensas protestas y bloqueos de carreteras durante las últimas 48 horas. La norma, que había sido divulgada el lunes pasado, requería que todos los vehículos, incluidas las motocicletas, contrataran un seguro obligatorio para cubrir a terceros a partir del 1 de mayo.
El mandatario informó, a través de sus canales oficiales, que la decisión de suspender la medida fue tomada tras una serie de bloqueos en importantes vías de la Ciudad de Guatemala, los cuales interrumpieron actividades educativas y comerciales en varias zonas del país.
Arévalo de León también detalló que, como parte de la solución a la controversia, se creó una mesa de diálogo este miércoles, en la que las diversas partes involucradas se comprometieron a trabajar en la elaboración de una nueva ley general de transportes, la cual se espera sea presentada en un plazo de un año.
«Mantengo la convicción de que una nueva ley general de transportes es el camino correcto que debemos transitar todos juntos por el bienestar de nuestro país», expresó el presidente, destacando que los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en Guatemala.
El seguro obligatorio había sido propuesto por el Ministerio de Gobernación (Interior) para hacer frente a la creciente preocupación por los accidentes de tráfico, especialmente debido al aumento del uso de motocicletas en los últimos años. Según la normativa, los conductores que no cumplieran con la obligación de contratar el seguro enfrentarían multas de entre 50 y 300 dólares.
No obstante, el presidente subrayó que las protestas y bloqueos fueron aprovechadas por «criminales», quienes generaron caos y afectaron a miles de familias, lo que agravó la situación.
La medida había sido presentada el lunes por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, como una solución para reducir las consecuencias de los accidentes viales, citando el caso del accidente de autobús ocurrido el pasado 10 de febrero, que dejó 54 muertos. Este percance fue cubierto por las aseguradoras, ya que el transporte público en Guatemala tiene la obligación de contar con seguros obligatorios.
La derogación de la medida y el compromiso de trabajar en una nueva legislación refleja el esfuerzo del gobierno por encontrar un balance entre la seguridad vial y las necesidades de la población.