El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves su agradecimiento al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su colaboración en la captura y repatriación de miembros de la peligrosa banda criminal venezolana, Tren de Aragua. Según Trump, los más de 200 individuos deportados el pasado domingo a El Salvador fueron sometidos a un exhaustivo proceso de verificación antes de ser transferidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde se evaluaron sus vínculos con el grupo criminal.
El mandatario estadounidense destacó que los deportados son «criminales altamente peligrosos» y que, gracias a la colaboración de Bukele, los delincuentes fueron trasladados con éxito a El Salvador, donde las autoridades locales han tomado el control de su custodia. «Son individuos con antecedentes criminales terribles, y aunque fueron deportados a un país amigo, El Salvador ha demostrado un gran compromiso con la seguridad, y eso es algo que valoro profundamente», afirmó Trump en una rueda de prensa desde la Casa Blanca.
Trump, además, hizo hincapié en que el gobierno estadounidense sigue comprometido con la lucha contra el crimen organizado, y destacó que la deportación de los miembros del Tren de Aragua es solo un ejemplo más de los esfuerzos conjuntos con aliados internacionales para garantizar la seguridad en el país.
Por su parte, el presidente Bukele se pronunció en sus redes sociales, calificando la operación como un avance crucial en la lucha contra las organizaciones criminales y asegurando que la acción también contribuye a fortalecer el sistema penitenciario salvadoreño. «Este es un paso importante para combatir el crimen organizado y para hacer que nuestros sistemas de seguridad sean más eficaces», escribió Bukele.
Batalla judicial sobre las expulsiones
En un desarrollo paralelo, el presidente Trump también se refirió a la batalla judicial que actualmente se libra en los tribunales, luego de que un juez federal bloqueó temporalmente las expulsiones de migrantes venezolanos a El Salvador. El magistrado, designado por el expresidente Barack Obama, cuestionó el proceso de deportación, alegando que el gobierno de EE. UU. no cumplió con ciertos requisitos legales, entre ellos, la información sobre los vuelos y los detalles de las deportaciones.
El Gobierno estadounidense argumentó que los vuelos ya habían partido antes de que la orden judicial fuera emitida, y que se habían seguido los procedimientos estipulados. Trump, por su parte, solicitó que la Corte Suprema intervenga en el caso, en un intento de superar el obstáculo legal y continuar con las deportaciones.
Esta situación ha generado un debate sobre el alcance de las leyes relacionadas con la expulsión de inmigrantes, y si el gobierno de Trump está actuando de acuerdo con la normativa vigente.
Mientras tanto, la administración continúa enfocada en sus esfuerzos por combatir el crimen organizado y reforzar la seguridad en el país, con un fuerte énfasis en la cooperación internacional y la implementación de políticas más estrictas en torno a la inmigración y la delincuencia transnacional.