La Iglesia Católica entregó ayer a la Asamblea Legislativa un total de 150,000 firmas de ciudadanos que piden la derogación de la Ley de Minería Metálica, aprobada a finales de 2024. La solicitud, respaldada por un amplio sector de la población, fue presentada como un llamado a proteger el bienestar común, especialmente de los más vulnerables.
La petición fue entregada formalmente por el arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, en la oficina de correspondencia del Congreso, acompañado de sacerdotes y algunos fieles católicos. En sus declaraciones, Escobar Alas subrayó que la solicitud no responde a intereses políticos ni económicos, sino a una «genuina preocupación pastoral» por el bien del pueblo salvadoreño. “Nosotros no hemos querido buscar ningún apoyo. No es nuestro interés de carácter político, ni partidista, ni económico tampoco. Nuestra acción tiene carácter pastoral y una genuina preocupación por el bien de todos”, afirmó el arzobispo.
Por su parte, la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES) también se pronunció a través de un comunicado en redes sociales, destacando que las firmas entregadas son «la voz del pueblo que clama por la derogación de la ley de minería, por ser altamente nociva contra la vida y contra el medio ambiente».
Escobar Alas agregó que la entrega de las firmas no fue parte de un proceso habitual, pues «este es un camino especial» para llevar las voces de 150,000 salvadoreños directamente a la Asamblea Legislativa, sin la intervención de partidos ni diputados.
En paralelo, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, aprovechó la ocasión para pedir una reforma constitucional que prohíba la minería metálica en El Salvador. Ortiz, quien fue la única que firmó la solicitud para la reforma, indicó que la enmienda busca garantizar «el derecho al agua y su saneamiento», a la vez que se prohíbe la minería metálica en el suelo y subsuelo del país. La propuesta de reforma incluiría un inciso final al artículo 117 de la Constitución de la República que formalizaría esta prohibición.
Además, la diputada Ortiz solicitó que la Ley de Minería Metálica actualmente vigente sea derogada, en un esfuerzo por asegurar un futuro sostenible y proteger los recursos naturales del país.
La entrega de las firmas y las propuestas de reforma continúan alimentando el debate sobre el futuro de la minería en El Salvador, un tema que genera opiniones divididas entre sectores de la sociedad y la política.