El exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, y su familia, han sido encontrados responsables de enriquecimiento ilícito por un monto de $248,195.18. La condena fue emitida por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla, tras la intervención de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República. La fiscalía había planteado inicialmente un monto de $308,252.08, pero los magistrados determinaron una cifra inferior tras revisar las pruebas presentadas.
La sentencia se basa en la documentación entregada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, que detalló irregularidades en la justificación de los fondos obtenidos por Rivas durante su ejercicio como funcionario público entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, bajo la presidencia de Mauricio Funes.
Durante el proceso, se valoró una pericia financiera judicial contable que evidenció depósitos bancarios y pagos con tarjetas de crédito, cuyos fondos no pudieron ser justificados como de origen lícito. En total, se presentaron cinco irregularidades en relación con depósitos en cuentas bancarias, pagos de tarjetas de crédito y una diferencia negativa de $265,055.49 entre los ingresos y los gastos de Rivas.
El monto final establecido para el enriquecimiento ilícito de David Rivas es de $208,882.67. En cuanto a su exesposa, María Auxiliadora Méndez Beltrán, fue señalada por seis irregularidades, entre ellas depósitos bancarios, la adquisición de un vehículo, pagos con tarjetas de crédito y la apertura de depósitos a plazo, sin justificar el origen de los fondos. Deberá reintegrar un total de $27,602.
Su hijo, David Alejandro Rivas Méndez, fue señalado por una irregularidad relacionada con depósitos en efectivo a cuentas de ahorro, por un total de $11,700.
La Fiscalía reprochó un incremento patrimonial no justificado, tras verificar las declaraciones juradas de Rivas y su familia, quienes, a pesar de ser emplazados a probar la procedencia lícita de los fondos, no pudieron acreditar su origen. La sentencia reafirma el compromiso del Estado en la lucha contra la corrupción y la recuperación de fondos ilícitos.