El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el pasado viernes su propuesta de aplicar la pena de muerte a narcotraficantes y pidió a los gobernadores de los 50 estados del país que legislen en sus respectivas jurisdicciones para hacer realidad este castigo.
Durante una reunión con los gobernadores, Trump afirmó que países de Asia que permiten la pena de muerte para los traficantes de drogas «no tienen problemas de drogas», argumentando que en esos países la medida ha sido efectiva. «Ejecutan a traficantes de drogas y, cuando lo piensas, es muy humano, porque en promedio, cada traficante de droga asesina a 500 personas, sin mencionar el daño que ocasionan a muchos otros», dijo el mandatario.
Trump también reveló que recientemente tuvo una conversación con el presidente de China, Xi Jinping, sobre la implementación de la pena de muerte en China para los narcotraficantes. Según el presidente estadounidense, China lleva a cabo ejecuciones de traficantes de drogas como parte de su política más estricta contra el narcotráfico.
En su discurso, Trump destacó que países asiáticos con políticas más severas contra el narcotráfico no enfrentan los mismos problemas con las drogas que enfrenta Estados Unidos. «Vienen a nuestro país porque tenemos una política mucho más suave», aseguró.
El presidente también hizo referencia a su reciente orden ejecutiva, firmada en días pasados, que designa a cárteles de droga mexicanos como organizaciones terroristas. En esa misma línea, Trump volvió a instar a los gobernadores de todo el país a legislar para aplicar la pena de muerte a narcotraficantes en sus estados, afirmando que «sus estados tienen el derecho de aplicar la pena de muerte también a los traficantes de drogas. Pero háganlo sólo si quieren deshacerse de las drogas.»
Medidas federales y promesas de campaña
En enero de 2024, Trump firmó una orden ejecutiva que obliga al Departamento de Justicia a tomar todas las medidas necesarias para asegurar que los estados tengan suficientes fármacos de inyección letal para ejecutar la pena capital en los casos federales aplicables. Esta orden también busca ayudar a los estados que han tenido dificultades para mantener el suministro de medicamentos para la ejecución.
Durante su primer mandato, el gobierno de Trump llevó a cabo 13 ejecuciones federales, más que cualquier otro presidente en la historia moderna. El presidente ha expresado su intención de ampliar las ejecuciones y, en un discurso reciente, prometió que las personas que vendan drogas «recibirán la pena de muerte por sus actos atroces», reafirmando su postura de que la pena de muerte debería ser aplicada a los traficantes de drogas.
Este enfoque de la administración Trump sobre el narcotráfico se mantiene en línea con una de sus principales promesas de campaña, que abogaba por un trato más severo hacia los traficantes de drogas para combatir la crisis de opioides y otras sustancias ilegales en Estados Unidos.