La Asamblea Legislativa de El Salvador culminó hoy el proceso legal que pone fin al financiamiento estatal para los partidos políticos en concepto de deuda política. Con 57 votos a favor, los diputados reformaron la Constitución de la República derogando el artículo 210, que establecía y regulaba el financiamiento público a los partidos políticos con base en los votos obtenidos en las elecciones.
Antes de la votación, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, expresó: “Estamos votando la ratificación (al acuerdo de reforma constitucional) para que el pueblo ya no mantenga a los partidos políticos”. De esta manera, se oficializó la decisión de eliminar la deuda política, un tema que había sido un tema recurrente de discusión en el ámbito político y económico del país.
La reforma contó con el respaldo de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, alcanzando los 57 votos necesarios para aprobar el dictamen emitido por la comisión política del congreso, que había sido presentado en la víspera. La ratificación de esta reforma constitucional también contó con la oposición de los diputados de ARENA, quienes consideraron que la medida era un «golpe al sistema democrático» y que el poder se concentraría en una sola persona.
Claudia Ortiz, diputada de Vamos, se abstuvo de votar, mientras que los diputados de ARENA, Francisco Lira y Raquel Serrano, votaron en contra de la reforma. Lira había anticipado que su fracción se opondría, argumentando que la reforma «debilitaría la democracia» y concentraría el poder en un solo individuo.
En cuanto al financiamiento de las elecciones de 2024, el Estado erogó un total de $39.7 millones para los partidos que participaron en los comicios. Según el informe del Ministerio de Hacienda, el valor del voto fue de $6.05 para la presidencia y vicepresidencia, $3.28 para diputados de la Asamblea Legislativa, $2.45 para concejos municipales y $3.30 para el Parlacen.
La deuda política a favor de los partidos políticos tiene su origen en la Ley de la Deuda Política, aprobada en enero de 1984, para cumplir con la disposición constitucional de 1983. Esta medida fue desarrollada luego en el Código Electoral y regulada por la Ley de Partidos Políticos, y estuvo vigente por 40 años.
Con la ratificación de esta reforma, se pone fin a cuatro décadas de financiamiento estatal para las campañas electorales. Ahora, el decreto será enviado al Diario Oficial para su publicación formal y entrada en vigor. La medida marca un cambio significativo en la relación entre el Estado y los partidos políticos en El Salvador.