Recientemente, el multimillonario Elon Musk, a través de su papel como líder del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha provocado tensiones con diversas agencias federales, incluidas aquellas dirigidas por leales colaboradores del expresidente Donald Trump. Musk solicitó que los funcionarios gubernamentales detallaran las tareas realizadas la semana anterior, con la amenaza de despido en caso de no hacerlo, lo que ha generado resistencia entre las autoridades gubernamentales.

El pasado sábado, los empleados federales recibieron un correo electrónico de la Oficina de Gestión de Personal (OPM) instándolos a responder con las tareas de la semana anterior, pero el Departamento de Defensa y otras agencias clave, como el FBI y el Departamento de Estado, rápidamente recomendaron a sus miembros que no respondieran directamente. El Departamento de Defensa emitió un comunicado oficial pidiendo a su personal «pausar cualquier respuesta», dejando claro que sería el propio departamento el encargado de revisar el desempeño de los empleados según sus procedimientos internos.

Los funcionarios del FBI, bajo la dirección de Kash Patel, también instruyeron al personal que cualquier revisión del desempeño debía ser gestionada internamente por la oficina del director, y no como parte del esfuerzo impulsado por Musk. Esta resistencia refleja la creciente división entre el multimillonario y algunas figuras clave de la administración Trump.

Por su parte, los sindicatos que representan a los empleados federales, como la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), han expresado su preocupación por las demandas de Musk, prometiendo desafiar cualquier intento de despido considerado ilegal.

Musk, quien también es uno de los mayores donantes de Trump, lidera el DOGE, una entidad encargada de recortar gastos y combatir lo que considera despilfarro en el gobierno federal. A pesar de que su mandato ha sido respaldado por algunos sectores, ha encontrado resistencia y obstáculos legales en su camino, con diversas agencias federales y sindicatos dispuestos a defender los derechos de los trabajadores del gobierno ante este enfoque.

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