La reforma constitucional que otorga al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, más poder y competencia entró en vigor este miércoles, tras ser aprobada por la Asamblea Nacional controlada por su partido, a pesar de las críticas de organismos internacionales y grupos de derechos humanos.
La medida, que fue publicada en el diario oficial La Gaceta, establece a Ortega como el «coordinador» último de los poderes Legislativo y Judicial, consolidando aún más su control sobre las ramas del poder. Además, formaliza a su esposa, Rosario Murillo, como «copresidenta» del país.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la ampliación del mandato presidencial, que pasa de cinco a seis años. También introduce la posibilidad de retirar la nacionalidad a aquellos individuos considerados «traidores a la patria», y elimina la disposición que prohibía la censura de la prensa en la Carta Magna. El texto, criticado por su lenguaje «vago», elimina referencias al pluralismo político y facilita al gobierno el uso del Ejército en nombre de la «seguridad».
Esta reforma ha generado una fuerte condena internacional. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, advirtió que la medida permite a Ortega consolidar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder. El Parlamento Europeo también expresó su rechazo a la reforma en una resolución emitida en febrero.
Desde que Ortega asumió nuevamente el poder en 2007, su gobierno ha sido acusado de emprender una violenta campaña contra la oposición, expulsar a embajadores internacionales y clausurar miles de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y grupos religiosos. Las organizaciones de derechos humanos han señalado la reforma como un paso más en su proceso de concentración del poder.