El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) detuvo el 11 de febrero en Seattle a José Marín Lozano, un exagente de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, condenado en su país por su participación en varios homicidios. Lozano, de 47 años, formaba parte de un grupo de exterminio que operaba en las zonas de La Libertad, La Paz y Sonsonate, según la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador.
La detención de Lozano se produjo en Seattle, pero las autoridades estadounidenses no han podido determinar cuándo ingresó a Estados Unidos ni el lugar específico en el que residía. A pesar de no contar con esta información, ICE afirmó que continuará actuando con rapidez ante casos como el de Lozano, para asegurar que los individuos con antecedentes criminales sean procesados conforme a la ley.
Condena de 177 Años en El Salvador
José Marín Lozano fue condenado en agosto de 2024 a una pena de 177 años de prisión por su participación en los homicidios. En el mismo proceso judicial, varios de sus colaboradores recibieron sentencias, entre ellos Alfonso Antonio Alvarado Mejía, condenado a 25 años; José Dionisio Hernández Gamez, con 84 años; Oscar Saúl Rodríguez Amaya, con 30 años; Santos Raquel Sarmiento Ayala, con 23 años; y Jorge Adalberto Ayala Cruz, con 25 años de prisión. Estos individuos formaban parte de una red criminal de exterminio que operaba en diversas regiones de El Salvador.
Proceso de Deportación
Actualmente, José Marín Lozano permanece bajo custodia de ICE mientras espera el proceso de deportación a El Salvador. El director de la oficina local de Seattle de Operaciones de Deportación y Control, Drew H. Bostock, subrayó que ICE está comprometido con la rápida ejecución de medidas cuando se trata de personas con antecedentes penales en la comunidad. “ICE continuará actuando rápidamente cuando nos enteremos de casos como este”, declaró Bostock, según un comunicado de la agencia.
Esta detención es parte de los esfuerzos continuos de las autoridades estadounidenses para garantizar que personas con historial criminal, especialmente aquellas involucradas en delitos graves, sean procesadas adecuadamente, independientemente de su estatus migratorio.