El miércoles, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 56 y 57 votos, tres reformas clave relacionadas con la detención de menores de 18 años procesados o condenados por delitos de crimen organizado o vinculados a pandillas. Estas reformas establecen que los menores acusados de estos delitos serán trasladados a cárceles comunes, separándolos de los menores involucrados en delitos comunes.
La reforma a la Ley Penal Juvenil establece que los menores procesados o condenados por delitos de crimen organizado serán ubicados en centros penitenciarios administrados por la Dirección General de Centros Penales. Estos menores serán mantenidos en pabellones separados hasta cumplir los 18 años, con el régimen penitenciario aplicándose según el perfil de cada menor.
Actualmente, los menores en detención están bajo el control del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), que administra centros de integración social. Con la reforma, los menores serán trasladados a los centros penitenciarios mientras se cumpla su condena o medida cautelar bajo la Ley contra el crimen organizado.
En una de las modificaciones, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, propuso una disposición adicional para asegurar que los menores procesados por delitos comunes continúen cumpliendo su régimen en los centros de internamiento actuales, conforme a la Ley Penal Juvenil y la Ley Crecer Juntos. Esta medida fue incluida en el proyecto de reforma, asegurando que los adolescentes acusados de delitos comunes sean tratados bajo un sistema distinto al de los procesados por crimen organizado.
Reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado y la Ley Penitenciaria
En paralelo, se aprobó una reforma a la Ley contra el crimen organizado para prohibir la libertad condicional y la libertad condicional anticipada para personas condenadas por estos delitos, fortaleciendo el régimen de sanciones para los involucrados en actividades ilícitas de pandillas y organizaciones terroristas.
Además, se modificó la Ley Penitenciaria para transferir la responsabilidad del régimen penitenciario de los juzgados de vigilancia penitenciaria a los tribunales y cámaras especializadas en crimen organizado. La reforma también establece que los centros penitenciarios deberán contar con un «sector especial» para los menores de 18 años procesados o condenados por delitos relacionados con el crimen organizado.
Otro cambio significativo establece que los jóvenes adultos de entre 18 y 21 años, ya sean condenados o detenidos provisionalmente, deberán ser separados de los mayores de 21 años dentro de los centros penitenciarios, garantizando una distinción entre los distintos grupos de edad.
Las reformas buscan fortalecer las políticas de seguridad en El Salvador, especialmente en relación con la creciente presencia de pandillas y organizaciones criminales en el país. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, había expresado previamente que el gobierno no cree en la rehabilitación de los terroristas, independientemente de su edad, un argumento que respaldó con la reciente aprobación de estas reformas.
Asimismo, las reformas responden a las preocupaciones sobre la seguridad y el control dentro de los centros penitenciarios, asegurando que los menores procesados por delitos graves sean tratados con medidas más estrictas, a la par que se mantiene un régimen de reintegración social para los menores involucrados en delitos comunes. Las penas para los menores condenados por delitos de crimen organizado, terrorismo o pandillas pueden alcanzar hasta 20 años de prisión si tienen 16 años cumplidos, y hasta 10 años si tienen 12 años cumplidos, según una reforma anterior a la Ley Penal Juvenil de marzo de 2022.