El 8 de enero de 2025, el Ministerio de Hacienda aprobó un acuerdo solicitado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para que la Policía Nacional Civil (PNC) brinde servicios de seguridad al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) por un monto de $6.5 millones, un precio significativamente superior al que pagaba la institución por el mismo servicio en años anteriores.
El costo del servicio de seguridad brindado por la PNC asciende a $6,569,183.06, lo que representa un aumento de $3.2 millones respecto al servicio contratado previamente. Según un contrato firmado el 21 de octubre de 2022, el ISSS pagó $3,321,309 por los servicios de seguridad física de sus diferentes dependencias, un monto considerablemente inferior al nuevo acuerdo. Este contrato estaba a cargo de la empresa Seguridad de El Salvador y Limpieza (Segusal, S.A. de C.V.), que brindaba protección en las zonas central, occidental y oriental del país.
Además, en 2020, el ISSS había contratado un servicio similar a la empresa SIEDES, S.A. de C.V. por $1,618,740 para la seguridad de las instalaciones en la zona metropolitana y central.
El nuevo acuerdo establece que la PNC proporcionará seguridad especializada en las instalaciones del ISSS mediante la asignación de agentes policiales, los cuales serán capacitados por la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) en áreas como procedimientos de agentes privados de seguridad y derechos humanos.
Los fondos del acuerdo serán depositados en la cuenta del «Fondo de Actividades Especiales» de la Policía Nacional Civil, específicamente en la subcuenta destinada a la «Venta de productos y prestación de servicios de la Policía Nacional Civil», a través de una cuenta corriente del Bancoagrícola de la PNC.
Este acuerdo implica una reforma al «Fondo de Actividades Especiales para la Venta de Productos y Servicios en la Policía Nacional Civil», creado en 1999, y es el primero en el que una institución pública, el ISSS, se convierte en compradora de los servicios de seguridad de la PNC. Esta reforma se realizó a solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
El acuerdo original también establece precios por diversos servicios adicionales, tales como la reposición de placas o carnés personales, emisión de solvencias, traslados mediante grúa, y peritajes de accidentes de tránsito, entre otros.