El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, ha anunciado que presentó demandas legales contra 12 medios de comunicación del país, a quienes acusa de difundir «mentiras» sobre su persona y las operaciones de la institución. Sin embargo, Hernández insistió en que estas acciones no deben ser vistas como un intento de intimidación hacia la prensa, sino como un ejercicio legítimo del «estado de derecho» para proteger su honor y la veracidad de la información difundida.

En una entrevista telefónica con el canal HCH, el militar subrayó que su decisión de acudir a la vía legal no pretende coartar la libertad de expresión, sino evitar que información errónea y dañina se propague y moldee la opinión pública. Según Hernández, algunos medios han difamado su imagen, incluso asociándolo con actividades ilícitas, lo que considera un ataque directo a su reputación.

Los medios demandados incluyen algunos de los más importantes del país, como EL HERALDO, LA PRENSA, Radio Cadena Voces (RCV), La Tribuna y Radio América, entre otros. Hernández afirmó que algunos de estos medios, de manera subliminal, han manipulado la información para crear una narrativa perjudicial sobre él y su rol en las Fuerzas Armadas.

«Si es necesario, prefiero morir por una causa justa en defensa de mi pueblo», expresó, haciendo hincapié en su compromiso con su labor y con el bienestar de Honduras. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el jefe militar defendió el uso de la ley como una herramienta legítima para frenar la difusión de falsedades y recalcó que los medios de comunicación deben basarse en la verdad al ejercer la libertad de expresión.

Por otro lado, en un incidente paralelo, la coordinadora de prensa de HCH informó que miembros de las Fuerzas Armadas entregaron una nota solicitando información sobre una noticia emitida en el canal. En el mensaje, se indicaba que, de no proporcionarse la información, se tomarían «otras acciones», aunque HCH no forma parte de los medios demandados por Hernández.

La controversia ha puesto en evidencia las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación en Honduras, un país donde la libertad de prensa sigue siendo un tema delicado y sujeto a fuertes debates sobre los límites de la expresión y el acceso a la información.

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