El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel emitió el 4 de febrero de 2025 una serie de condenas históricas a miembros de un grupo de exterminio responsable de una ola de crímenes en los departamentos de San Miguel y Usulután. Salvador de Jesús Villalobos, uno de los principales responsables, fue sentenciado a una condena récord de 1,103 años de prisión, a pesar de encontrarse prófugo. Esta sentencia histórica fue dictada por su implicación en 29 homicidios agravados, dos intentos de homicidio y cinco robos agravados.
Villalobos se enfrenta a la pena más alta gracias a las reformas del Código Procesal Penal, que permiten sentencias incluso para los prófugos. Junto a él, José Emanuel Machado Martínez, alias «Joche», recibió una condena de 1,028 años por su participación en agrupaciones ilícitas, 29 homicidios, dos intentos de homicidio, cuatro robos y una extorsión. Machado estuvo presente en el juicio y fue uno de los miembros más relevantes del grupo.
Víctor Manuel Romero Herrera, conocido como «Victor Piedra», recibió una pena de 996 años de prisión por su rol como cabecilla en el grupo y por su participación en los mismos crímenes. Romero también estuvo presente durante las audiencias. Otro miembro significativo, Giovani Alexander Crespo Romero, apodado «Moreno», fue sentenciado a 957 años de cárcel por 24 homicidios.
En el caso de otros miembros, como Julio Enrique Zayas, quien sigue prófugo, se dictó una condena de 821 años por su implicación en 26 homicidios, intentos de homicidio y robos. Alejandro Monterrosa, alias «Comando», un exmiembro de la Fuerza Armada, fue sentenciado a 794 años por su participación en 21 homicidios y otros delitos.
La condena de Agustín de Jesús Rivas López, un expolicía apodado «Eléctrico», ascendió a 526 años de prisión. Juan Zapata Ramos, otro miembro del grupo, recibió 731 años por su participación en 23 homicidios. Además, Andrés Alberto Murillo Roque fue sentenciado a 608 años.
También se dictaron penas más bajas, pero significativas, para otros miembros, como Wilber Jhon Basurto Cruz con 226 años y Jorge Alberto Alfaro Merino con 42 años y 6 meses. De los 33 miembros involucrados, 18 estuvieron presentes en el juicio, mientras que 15 permanecen prófugos.
Los crímenes fueron perpetrados entre 2018 y 2021, principalmente en los municipios de Ereguayquín, Concepción Batres, Usulután, Santa Elena y Jiquilisco en Usulután, y en San Miguel, en áreas como San Jorge, San Rafael Oriente y El Tránsito. Entre los crímenes más emblemáticos destacan el asesinato de un maestro en diciembre de 2019 en San Rafael Oriente, y el asesinato de un ingeniero en enero de 2021 en Usulután. Estos crímenes fueron cometidos por el grupo mientras simulaban ser fuerzas de seguridad, utilizando uniformes similares a los de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.
Este fallo judicial marca un precedente en la lucha contra el crimen organizado en El Salvador y refuerza el compromiso de las autoridades por llevar ante la justicia a los responsables de estos actos de violencia.