El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó condenas de hasta 225 años de internamiento para cinco jóvenes criminales vinculados a una serie de crímenes violentos, incluyendo asesinatos, extorsiones y desapariciones forzadas. Los sentenciados también enfrentaron cargos por ocupación ilegal de inmuebles y pertenencia a agrupaciones ilícitas. Los delitos fueron cometidos entre 2018 y 2021 en diversas zonas del departamento de La Libertad, donde operaba la estructura criminal Teclas Locos Salvatruchos de la MS-13.


La sentencia más alta, 225 años de internamiento, fue impuesta a Sergio Ismael Ramírez Grande, alias «Largo», de 19 años. Ramírez fue hallado culpable de ocho desapariciones y homicidios, incluyendo los casos de Karen Ivet, Henry Eduardo Guerrero Toledo, y Jimena Ramírez Granados, futbolista del Alianza Women F.C. Los cuerpos de las víctimas fueron localizados en cementerios clandestinos, evidenciando la brutalidad del grupo criminal.

El resto de los sentenciados incluye a Bryan Stanley Amaya Hernández, alias «Mosquito», también de 19 años, quien recibió 20 años de internamiento por su participación en los crímenes; Henry Isaac López Nerio, alias «Chinchulín», de 18 años; y Jaime Alexander Romero Sagastizado, alias «Jaimico», de 19 años, quienes fueron condenados a 13 años de internamiento. Finalmente, Fredy Alexander Miranda Navas, alias «Carelo», de 19 años, fue sentenciado a 10 años de internamiento.

Los cinco jóvenes son miembros activos de la clica Teclas Locos Salvatruchos, una facción de la pandilla MS-13 que operaba principalmente en la zona de La Libertad. Las investigaciones de la Fiscalía revelaron su implicación en una serie de delitos violentos que aterrorizaron a la población de varias comunidades.

Este fallo judicial es un paso significativo en la lucha contra las pandillas y la criminalidad organizada en El Salvador, reafirmando el compromiso de las autoridades con la justicia y la seguridad pública. La condena también subraya la importancia de la cooperación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para erradicar las actividades ilícitas de las estructuras criminales que operan en el país.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *