Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente, el jueves, la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump que ponía fin a la garantía constitucional de la ciudadanía por derecho de nacimiento, independientemente del estatus migratorio de los padres.
El juez de distrito estadounidense John C. Coughenour dictó sentencia en respuesta a una demanda presentada por los estados de Washington, Arizona, Illinois y Oregón. Estos estados argumentan que la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos y la jurisprudencia de la Corte Suprema han consolidado la ciudadanía por nacimiento, lo que ha sido interpretado de manera consistente durante más de un siglo.
Esta acción judicial es solo una de las cinco demandas interpuestas por 22 estados y varios grupos de derechos de los inmigrantes que buscan bloquear la orden de Trump, que estaba programada para entrar en vigor el 19 de febrero. Según una de las demandas, la medida podría afectar a cientos de miles de personas nacidas en los Estados Unidos, incluidos 255,000 niños nacidos de madres que vivían en el país ilegalmente en 2022.
La 14ª Enmienda, ratificada en 1868 después de la Guerra Civil, establece que «todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen». Este principio de «jus soli» (derecho del suelo) ha sido fundamental en la interpretación de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
La orden ejecutiva firmada por Trump el día de su investidura en 2025 afirmaba que los hijos de no ciudadanos no están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos y, por lo tanto, no serían reconocidos como ciudadanos. Esta medida, que fue diseñada para abordar lo que el gobierno considera un abuso de la ciudadanía por nacimiento, ha sido duramente criticada por defensores de los derechos humanos.
Poco después de la sentencia, Trump anunció que su administración apelaría el fallo. “Obviamente lo apelaremos”, declaró el presidente a los periodistas en la Casa Blanca.
Una de las demandas que se presenta contra la orden ejecutiva incluye el caso de «Carmen», una mujer embarazada que ha vivido en Estados Unidos durante más de 15 años y tiene una solicitud de visa pendiente. Según la demanda, despojar a los niños nacidos en Estados Unidos de la ciudadanía sería una grave ofensa, ya que les niega su plena pertenencia a la sociedad estadounidense a la que tienen derecho.
Estados Unidos es uno de los pocos países, principalmente en América, que aplica el principio de ciudadanía por derecho de nacimiento. Entre los países que siguen este principio se encuentran Canadá y México.
La batalla legal sobre esta orden ejecutiva se perfila como un conflicto fundamental sobre los derechos constitucionales y la interpretación de la ciudadanía en el país. Mientras tanto, los fiscales generales y defensores de los derechos de los inmigrantes continúan luchando por lo que consideran una protección esencial para los nacidos en suelo estadounidense.