El proyecto de ley conocido como Ley Laken Riley, impulsado por el Partido Republicano, ha avanzado en el Congreso de EE.UU. con el apoyo bipartidista. La ley, que busca otorgar mayores poderes a los funcionarios estatales y a los jueces federales para hacer cumplir las leyes de inmigración, ya ha sido aprobada en la Cámara de Representantes y está en proceso de debate en el Senado, donde se anticipa que los republicanos necesitarán el apoyo de al menos siete demócratas para su aprobación final.
El nombre de la ley proviene de Laken Riley, una estudiante universitaria que fue víctima de un crimen cometido por un inmigrante indocumentado, un caso que según los republicanos, ejemplifica las deficiencias de las políticas de inmigración del presidente Joe Biden. Esta ley busca prevenir incidentes similares a través de una serie de medidas que incluyen la detención obligatoria de inmigrantes acusados de delitos, incluidos delitos no violentos como el robo.
Detalles clave de la Ley Laken Riley:
- Facultades a los estados: La ley permitiría a los fiscales generales estatales demandar al Gobierno federal si consideran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no está aplicando las leyes de inmigración adecuadamente. Los estados también podrían interponer demandas contra decisiones de jueces de inmigración que liberen a inmigrantes detenidos por presuntos delitos.
- Impacto sobre visados: Los fiscales generales de los estados podrían solicitar que se restrinja la emisión de visados a ciertos países que se niegan a aceptar a sus ciudadanos deportados. Este aspecto de la ley ha generado preocupación, ya que podría desencadenar conflictos internacionales y afectar la economía de EE.UU.
- Detención obligatoria: El proyecto de ley incluye disposiciones que obligarían a la detención de inmigrantes acusados de una variedad de delitos, incluso aquellos no violentos. Los críticos advierten que esto podría desviar recursos de la detención de delincuentes violentos.
- Controversia judicial: La ley buscaría revertir un precedente de la Corte Suprema que impide a los estados demandar por cambios en las políticas federales de inmigración, como las modificaciones en las prioridades de deportación implementadas por la administración Biden.
Posiciones encontradas:
- A favor: Los defensores de la ley, como el representante Chip Roy (Republicano de Texas), argumentan que es necesario dar a los estados herramientas adicionales para abordar las políticas de inmigración que consideran ineficaces. Señalan que el Gobierno de Biden no ha utilizado plenamente las facultades para enfrentar delitos cometidos por inmigrantes indocumentados.
- En contra: Los opositores, incluidos algunos demócratas, temen que otorgar a los estados el poder de demandar al Gobierno federal pueda llevar a una judicialización excesiva de la política de inmigración, creando incertidumbre y posibles consecuencias negativas a nivel internacional. El senador demócrata Chris Murphy advirtió que esta medida podría llevar a decisiones judiciales con repercusiones drásticas, incluso en la economía de EE.UU.
Con el futuro de la Ley Laken Riley aún en discusión, se espera que su avance continúe generando debate sobre el equilibrio entre las políticas de inmigración y los derechos de los estados para desafiar las decisiones federales en esta área.